Este pedido, en el que también se solicitó la prohibición de enajenación de bienes y congelamiento de las cuentas del Vicepresidente, se dio durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la mañana de este lunes 2 de octubre de 2017, en la Corte Nacional de Justicia.
Allí, Baca detalló los nuevos indicios. El primero que presentó fueron los testimonios anticipados de cinco personas, entre estas de José Conceição Santos, exdirectivo de Odebrecht, y de Alfredo Alcívar, quien fue asistente de Ricardo Rivera. El fiscal dijo que sus declaraciones son «coherentes» y que corroboran una posible asociación ilícita.
El segundo elemento es la información remitida por Estados Unidos, a través de una Asistencia Penal Internacional, en la que se confirman transferencias de dinero desde las cuentas de Odebrecht.
Sobre esto, el fiscal detalló un pago por USD 150 000 en donde aparecen como códigos las palabras «Manduriacu» «obra» y «tío». La tercera evidencia es la versión de Rivera, en donde se sostiene la relación con el Vicepresidente. Durante la intervención, Baca pidió al juez que tome en cuenta que existe una nueva indagación reservada en contra del Vicepresidente.
Sin embargo no reveló por qué delito, pero mencionó que hay «delitos afines» como el cohecho. Finalmente, Baca también sostuvo que las declaraciones publicas de Glas, en las que se define como perseguido político, ponen en riesgo el trabajo de la Fiscalía.
«Nuestro trabajo no responde a ningún partido político». Sobre Rivera, quien cumple arresto domiciliario en Guayaquil, el Fiscal presentó un parte policial de la Comandancia del Guayas. Ese documento se revela el «riesgo de fuga» del tío del Vicepresidente.
Según Baca, el procesado no siempre utiliza el dispositivo de vigilancia electrónica que le fue ordenado usar desde el 3 de agosto pasado, cuando se le presentó cargos. También dijo que la casa de Rivera no es segura.
El parte policial determina que en el patio existen tres puertas. Una da a la calle, otra hacia el dormitorio y la sobre tercera no se sabe hacia dónde da paso. En la segunda parte de la audiencia, el juez dio la palabra a los abogados. Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, rechazó que exista riesgo de fuga de su cliente.
«La prisión preventiva es el acto más degradante» y citó sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se reconoce que la prisión preventiva es una medida excepcional. Finalmente dijo que de darle prisión preventiva al Vicepresidente se pondría causar un «desequilibrio político de la democracia».
Por otro lado, Anibal Quinde, abogado de Rivera pidió que no se le sustituya el arresto domiciliario de su cliente por prisión, porque tiene problemas cardíacos y necesita atención médica. Además, dijo, su cliente es de la tercera edad.
Fuente: El Comercio
