Los dos agentes motorizados despejaban el camino. Permitían que el vehículo de los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman no se detuviese en los controles fijos que militares y policías montaron en las vías de Quito al iniciar la pandemia.
Estos detalles, que muestran el nexo entre los uniformados y los foráneos que involucraron a Jacobo Bucaram, ahora están en poder de la Fiscalía.
Los chalecos, uniformes y celulares de los agentes también fueron sometidos a pericias tras una orden fiscal para determinar su grado de responsabilidad en un esquema delictivo detectado en el país.
Según las pesquisas ejecutadas, los motorizados además “daban seguridad” a los israelíes, cuando estos “trasladaban mercadería y altas cantidades de dinero en efectivo”.
En el acta de la audiencia, que se realizó la madrugada del jueves 13 de agosto, se menciona a un tercer agente, pero se dice que este no era motorizado, sino que hacía trabajo de oficina.
Ellos y Abdalá Bucaram, expresidente de la República y padre de Jacobo, son procesados por delincuencia organizada, un ilícito sancionado con cárcel de hasta 10 años (art. 369 del Código Integral Penal).
La hipótesis de la Fiscalía es que todos se unieron para cometer al menos cinco delitos. La información en contra de los agentes también se extrajo de una denuncia que un hombre, identificado como Bryan, interpuso contra los israelíes.
En esa queja se dice que ellos se movilizaban con escolta. En el documento, el denunciante señala que la última vez que vio a los extranjeros fue el 18 de mayo.
Asegura que ese día se pusieron de acuerdo para viajar a Guayaquil en dos carros, pues en el Puerto Principal les esperaba un cliente.
Se trataba de Jacobo Bucaram. Su padre anunció que pedirá medidas cautelares ante la CIDH, pues asegura que existieron violaciones en su detención.
El abogado de Bryan, César Valencia, dice que cerca de Santo Domingo su defendido perdió de vista el carro de Dahan y Sheinman y que por eso se regresó a Quito.
Según documentos judicializados, luego, por teléfono les preguntó por el dinero de la venta de las pruebas para covid-19. En el expediente reposa la fotocopia de una transferencia de USD 2 000 que Bryan habría realizado a favor de uno de los agentes por concepto de “seguridad”.
Valencia aclara que esta fue una exigencia que hicieron los foráneos. “Ellos dijeron que tenían seguridad y que eso les costaba, pero que no podían pagar.
Por eso le hicieron cancelar a Bryan”. Como parte de las diligencias judiciales en contra de los agentes motorizados, la Fiscalía pidió las grabaciones de las cámaras de video cercanas al edificio en el que vivían Bryan y los israelíes, en el sector de la González Suárez.
Así se busca conocer las actividades que realizaban en las afueras del inmueble. En redes sociales aparecieron grabaciones realizadas en el interior del departamento alquilado por Dahan y Sheinman.
Ahí se ve a dos personas vestidas con uniformes y chalecos de la AMT. Sonríen y bromear con otros. En el expediente también consta la versión del guardia de seguridad del edificio.
“Se movilizaban en un vehículo color blanco, con vidrios polarizados, sin placas. Normalmente esas personas eran escoltadas siempre por varios sujetos que iban vestidos con uniformes de agentes de tránsito, que les brindaban seguridad o fungían como guardaespaldas de estos ciudadanos”.
Las pesquisas buscan determinar si los agentes escoltaron al carro de Sheinman y Dahan cuando salieron de Quito a Guayaquil.
Se indaga la veracidad de unas fotos en las que los uniformados supuestamente estaban en Santo Domingo. Desde el jueves, Diario El Comercio buscó la versión del abogado de los agentes que se encuentran procesados, pero no hubo respuesta ni a los mensajes ni a las llamadas telefónicas.
Pero en una declaración anterior dijo que sus clientes no tienen nada que temer y que están dispuestos a colaborar.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
