El juicio contra el vicepresidente Jorge G. empezó. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), conformado por Sylvia Sánchez, Édgar Flores (quien actuará como ponente) y Richard Villagómez, tiene en sus manos el destino del Segundo Mandatario y otros 8 acusados de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.
Pasadas las 09:05 de ayer arribó a la sala de audiencias el Segundo Mandatario vestido con terno azul. Los otros, bajo prisión preventiva, usaron los uniformes naranjas que entrega el Ministerio de Justicia a los detenidos.
Antes de iniciar la audiencia, solicitó que el proceso sea transmitido para que el “pueblo juzgue cómo están actuando determinados autores de justicia”. Sin embargo, el artículo 563 del COIP prohíbe a los medios grabar las audiencias.
El Vicepresidente se sentó al lado de su abogado, Eduardo Franco, y no saludó a nadie. Evitó cruzar la mirada con su tío, Ricardo R., quien según la Fiscalía, fue su intermediario para recibir $ 13,5 millones de Odebrecht.
Entonces el fiscal Carlos Baca ratificó que demostrará cómo los acusados participaron en la asociación ilícita para recibir sobornos por la adjudicación de 5 proyectos a la empresa brasileña, a cambio del pago de supuestas coimas que sumarían más de $ 40 millones. Al inicio, el Fiscal General dijo que el abogado busca dilatar el proceso, ya que había demandado la recusación a dos de los tres magistrados.
Sin embargo, la Secretaría de la Sala Penal confirmó que la solicitud no estaba incluida en el expediente. Luego de rechazar la solicitud, Franco respondió al Fiscal y le recordó que él acusa a su defendido con base al artículo 369 del Código Penal anterior, pero la figura delictiva que utiliza para el proceso no se aplica a la supuesta conducta de asociación ilícita que recoge ahora el artículo 370 del COIP.
