El documento lo firmaron los ministerios públicos de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
Según el documento, todos ellos afirman que «desmantelar» la corrupción internacional «fortalece la institucionalidad, propicia un ambiente económico favorable y otorga legitimidad al sistema democrático».
«Los Fiscales deciden asumir el compromiso de brindarse con la más amplia, célebre y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato, en general, promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava Jato», apunta el texto.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht ya admitió haber pagado entre 2001 y 2016, al menos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobiernos, representantes de estos funcionarios ya partidos políticos de Brasil y otros 11 países a cambio de adjudicarse obras públicas.
Un total de 77 exdirectivos de Odebrecht firmaron un acuerdo de delación premiada con la Fiscalía brasileña para revelar el caso, a cambio de una rebaja en sus condenas. Además, la propia constructora firmó acuerdos de leninencia con los gobiernos de los Estados Unidos y Suiza.
