Entre estos 12 procesados constan ocho policías y un militar en servicio pasivo, dos civiles y el exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega.
La mañana de este jueves 17 de diciembre, la jueza Silvia Sánchez declaró la validez de la causa al no existir vicios que la afecten. Según la jueza, se respetaron las garantías constitucionales y el debido proceso.
Luego, en la segunda fase de la diligencia, el Fiscal General presentó su dictamen y se refirió a los elementos de convicción en los que fundamentó su acusación.
Los hechos
Chiriboga Zambrano hizo una exposición de los hechos. Manifestó que entre 1984 y 1988, el Gobierno Nacional ecuatoriano planificó y ejecutó ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil.
En ese período, las unidades especiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional perpetraron detenciones ilegales, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Así consta en los archivos de la década de 1980 desclasificados por mandato del actual presidente de la República, Rafael Correa, y en la documentación incautada por la Fiscalía General del Estado en el 2013 y 2015.
En este contexto, desde 1984 la Policía Nacional creó una estructura clandestina al interior del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), conocida como SIC-10.
Luego el SIC-10 se consolidó orgánicamente como Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), encargada de las tareas antisubversivas.
Según información que consta en los partes policiales, versiones y otros documentos, en 1983 se inició la persecución a Arturo Jarrín, uno de los fundadores y máximo dirigente del grupo AVC. En 1986, los principales líderes de AVC fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado, específicamente de la UIES,
A finales de septiembre de 1986, Arturo Jarrín permanecía en la clandestinidad y tenía previsto viajar a Europa. Su traslado se inició por Colombia, luego se fue a Panamá y de ahí tenía previsto irse a Holanda y finalmente a Serbia.
El 7 de octubre, arribó a Panamá donde permaneció hasta el 24 de ese mismo mes. Ese día fue detenido por un agente por orden del entonces presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, a pedido del presidente del Ecuador de esa época, León Febres Cordero.
Luego Arturo Jarrín fue trasladado al aeropuerto de Panamá y puesto a disposición de las autoridades ecuatorianas.
Al llegar a Quito, Jarrín fue llevado a Tambillo, al lugar conocido como ‘La Remonta’, en donde se encuentran las caballerizas de la Policía Nacional. Allí fue detenido ilegalmente.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Arturo Jarrín fue ejecutado extrajudicialmente en Carcelén, norte de la capital, la noche del 26 de octubre de 1986.
En ese entonces se difundió una información totalmente diferente a lo que ocurrió. Se dijo que hubo un enfrentamiento armado entre agentes policiales que patrullaban en el sector de Carcelén y Arturo Jarrín, quien se encontraba con otras dos personas.
La versión de la Policía fue que, supuestamente, los uniformados les habían solicitado que se detengan, pero habrían respondido con disparos de arma de fuego. Entonces, los uniformados en su defensa también habrían disparado y en ese cruce de fuego habría fallecido Jarrín.
Dato:
-En este caso fueron procesadas 18 personas en total, pero la Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de 6.
-Hasta el cierre de esta información (18:30) continuaba la audiencia en la Corte Nacional de Justicia.
