La Fiscalía General del Estado comenzó a receptar las versiones libres y voluntarias de los legisladores citados por el caso del exasambleísta Daniel Mendoza y del legislador Eliseo Azuero.
La mañana de este jueves 23 de julio del 2020 asistió el parlamentario Franco Romero. A su salida se negó a responder las preguntas de los periodistas.
Mientras caminaba a paso acelerado entre las cámaras solo lanzó frases como estas: “No sé absolutamente nada, todo está en mi declaración, ya rendí mi versión, pregúntele a Azuero”.
En una conversación entre Azuero y Mendoza, cuya transcripción está en poder de la Fiscalía, se menciona el apellido Franco.
En una parte del diálogo, ambos hablan de una persona identificada como Meche y dicen que “mandó a recoger” un “encargo” y que esto se habría entregado “en el departamento de Franco”. Este caso estalló el 14 de mayo.
Ese día, agentes de la Policía capturaron a nueve personas, entre ellas a Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza. Este último fue capturado el 5 de junio.
Así se conoció cómo los procesados aparentemente desviaron dineros que el Estado había entregado para iniciar la construcción del hospital de Pedernales.
Ahora, las investigaciones fiscales revelan cómo un grupo de personas, que ahora está procesado, cobró esos fondos públicos a través de cheques y de ventanillas.
A José Santos, detenido, se le atribuye el cobro de USD 300 000 de tres cheques. La Fiscalía señala que José Párraga cambió un cheque girado por el Consorcio Pedernales Manabí por USD 100 000. M
iguel Ganchoso habría efectivizado dos cheques, cada uno por USD 40 000. Danilo Véliz, dice la Fiscalía, cambió 15 cheques por USD 217 350. Otros retiros realizados en las agencias de BanEcuador.
En un informe al que tuvo acceso el Diario El Comercio se indica que los beneficiarios de los pagos no poseen un perfil económico ni comercial que justifique la entrega de los cheques, “pudiendo tratarse simplemente de intermediarios de funcionarios de nivel jerárquico”.
Por esta razón, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Fiscalía y agentes de la Policía rastrean una posible red de corrupción que habría operado en Manabí.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
