En este caso, los procesados se habrían asociado para elaborar un licor de origen colombiano marca “Antioqueño”, sin autorización del titular de la marca y sin registro sanitario. El aguardiente adulterado se envasaba y distribuía a varios comercios de Quito, para su venta al consumidor final.
El fiscal del caso, Carlos Torres, explicó —en la audiencia de formulación de cargos, instalada la madrugada del 11 de noviembre de 2022— que la investigación se abrió el 22 de julio, a través de una denuncia presentada con parte policial.
Desde entonces se emitieron —mediante impulsos fiscales— autorizaciones de vigilancias, seguimientos, escuchas y extracción de información. También se solicitó la certificación otorgada por la persona que importa legalmente el licor mencionado.
Explicó, además, el rol que desempeñarían cada uno de los integrantes de la organización, las relaciones telefónicas entre ellos y –una vez levantada la información– la madrugada del 10 de noviembre de 2022 se solicitaron órdenes de detención y allanamiento a inmuebles ubicados en Chillogallo, San Juan, San Carlos, entre otros.
En este operativo, coordinado con la Policía Nacional, solo en el inmueble de la persona que vendía el ingrediente base se incautaron más de 1800 litros de alcohol guardados en tanques, más de 300 botellas listas para distribución, catálogos con los precios de los productos, etiquetas de la marca colombiana, botellas vacías, tapas y más elementos que sirvieron para la formulación.
Fuente: Fiscalía General del Estado – Nota original: http://bit.ly/3NXytNp
