Este proceso se dio en 2012, entre el Estado ecuatoriano -a través de la Secretaría de Hidrocarburos- y el Consorcio DGC -integrado por las Compañía DYGOIL Consultoría y Servicios Petrolerso Cia Ltda-.
Ese informe de la Contraloría detectaría indicios de responsabilidad penal en esa contratación petrolera. Estarían vinculados más de 20 exfuncionarios públicos y privados, «algunos de los cuales gozan de fuero de Corte».
También, la Fiscalía informa que se dispuso de forma inmediata la realización de diligencias, recepción de versiones y solicitudes de información, «con relación a los hechos relatados en el indicio de responsabilidad penal remitido por la Contraloría».
