Las autoridades peruanas solicitarán a la Banca Privada d’Andorra (BPA) toda la información que tenga de Atala y de otros peruanos aparecidos en una información del diario español El País publicada el martes sobre pagos hechos presuntamente por Odebrecht en Andorra, donde hasta el año pasado regía el secreto bancario.
Atala fue el número dos de Petroperú entre 2008 y 2011, durante el segundo mandato presidencial de Alan García, y estuvo en la compañía hasta cinco meses antes de que la petrolera peruana firmara un acuerdo con Braskem, filial de Odebrecht, para analizar la ejecución de una planta petroquímica de 3.000 millones de dólares.
La investigación de la Fiscalía peruana también incluye otro supuesto pago de 435.000 dólares por parte de Odebrecht al abogado peruano Jorge Cánepa, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quien emitió 17 laudos favorables a la empresa brasileña en procesos contra el Estado peruano por varias carreteras.
Otro imputado en la misma investigación es Jorge Peñaranda, director de la empresa Alpha Consult, quien supuestamente recibió un pago de 250.000 dólares.
Igualmente existen transferencias realizadas a Edwin Luyo, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, quien se encuentra en prisión preventiva desde marzo, y a Víctor Muñoz, que acumuló 4,5 millones de dólares a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.
La Banca Privada d’Andorra, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, fueron las entidades usadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a altos cargos de doce países de América Latina a cambio de adjudicaciones de obras.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios para adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por presunta financiación irregular de sus campañas.
