La fiscal Diana Salazar, remitió el pasado martes una consulta a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), respecto de si puede o no iniciar investigaciones en contra de las autoridades de la Función Electoral por «varias denuncias» que se presentaron en su sede.
La CNJ indicó que pese a que solo los jueces (de la justicia ordinaria) podían realizarle consultas, por la «trascendencia del asunto» en materia electoral, su Presidencia se encontraba realizando un criterio jurídico.
Dicho critero jurídico fue remitido este 18 de diciembre a la Fiscalía; y, esta última institución en un comunicado oficial, informó que la Corte le indicó que «puede iniciar una investigación previa y practicar cualquier técnica de investigación de las previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en donde se investigue a cualquier persona», entre ellas, los consejeros del CNE y los jueces del TCE, «sin que ello incurra» en la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 19 del Código de la Democracia, pues «no implica la instauración de un proceso penal en su contra».
Dicho inciso del Código de la Democracia establece que: «Mientras ejercen sus funciones (los consejeros y jueces) no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, y de violencia de género sin autorización del pleno del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, por requerimiento de la Sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia de cuyo fuero gozan. Tampoco tendrán inmunidad en los casos de violencia intrafamilar en los cuales no se reconoce fuero alguno».
De esta forma, la Fiscalía «procederá conforme a Derecho en todas las denuncias que ha conocido sobre este tema», informó en la misiva difundida la tarde de este viernes.
Hasta ese organismo, llegaron varias denuncias en contra de los miembros de la Función Electoral.
Sylka Sánchez, vocera del movimiento Justicia Social y de la candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa, ingresó a la Fiscalía el 25 de noviembre, una denuncia por presunto desacato en contra de los consejeros del CNE por no acatar la sentencia del TCE del 30 de octubre, en la que se emitieron medidas de reparación integral para que puedan realizar elecciones primarias para escoger candidatos para los comicios, inscripción y calificación de candidatos.
Luego, el político Fernando Balda también denunció a los vocales electorales por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Lo hizo después de que el juez del TCE, Ángel Torres aseguró en declaraciones públicas, que en Guayaquil se habría realizado una reunión entre líderes de organizaciones políticas y varios consejeros del CNE, en la que se habría «fraguado una conspiración para impedir la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa», a la Presidencia de la República por Justicia Social.
En tanto, el jueves último, los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pitapresentaron una denuncia por el presunto delito de prevaricato en contra de los jueces del TCE, porque al emitir su sentencia del 30 de octubre estarían «obstaculizando» el proceso electoral en marcha, al ordenar que el movimiento político realice etapas de democracia interna, aceptación e inscripción de candidaturas, fuera de los plazos que se establecieron en el calendario electoral aprobado, y que se cerraron en octubre pasado.
Ni el Consejo Electoral, ni el Tribunal Contencioso se han pronunciado, hasta el momento, sobre este anuncio.
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
