Ayer 12 de septiembre del 2018, el actual líder del movimiento Concertación se presentó en la Fiscalía General, en Quito, para reconocer su firma en la denuncia que colocó por el delito de delincuencia organizada, en marzo pasado. En esta comparecencia rindió una primera versión sobre el caso, luego de que la Fiscalía notificara, la semana pasada, la apertura de la indagación previa.
La denuncia señala a nueve personas, entre estas al expresidente Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glas, al expresidente de la Asamblea José Serrano, a los exfiscales Carlos Baca y Galo Chiriboga, etc. Para el exlegislador, los supuestos ilícitos se habrían cometido durante la década que gobernó Correa. “Fue desde Carondelet, desde la cúpula del Estado, que se organizó un esquema de corrupción: modificando leyes, firmando decretos, cambiando instituciones, nombrando a personas de confianza para que manejen sectores estratégicos y para que lleven adelante todo un esquema delincuencial”.
En la denuncia escrita se señalan 13 hechos, en los que aparentemente hubo irregularidades, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios, sobornos, tráfico de influencias, etc. Uno de los actos que se menciona es la negociación que avaló el regreso de Odebrecht al país, en el 2010. Sobre todo, después de que la firma fuera expulsada dos años antes, por fallas en la construcción de la Hidroeléctrica San Francisco. En la queja judicial se dice que el retorno de la constructora brasileña se logró gracias al “levantamiento ilegal de responsabilidades penales y administrativas” en la que participaron Glas, el exprocurador Diego García, el excontralor Carlos Pólit y la Presidencia, representada por Correa y Alexis Mera, exasesor Jurídico. Todos fueron denunciados. Para Mera, el inicio de la investigación penal “no significa nada, legalmente”. A través de un correo electrónico remitido a este Diario calificó de “canallesca” la acción en su contra. “(Según Montúfar) todos los denunciados nos habríamos puesto de acuerdo para crear un esquema de corrupción. Es tan canallesca que el fiscal debería archivarla, luego de la debida investigación; debería declararla maliciosa e iniciar un juicio penal contra el candidato a Alcalde”.
