De esta forma la Fiscalía dio por suspendida la acción que buscaba confrontar los relatos hasta el momento recibidos en la instrucción fiscal que investiga el asesinato del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortéz, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
En esta causa son investigados los militares en servicio activo Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe y los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera. Inicialmente se analizaba el delito de homicidio, pero la Fiscalía reformuló cargos el 23 de diciembre pasado y ahora todos son procesados por el delito de asesinato.
En el impulso emitido la tarde de este miércoles 7 de enero, la fiscal del caso, Claudia Romero, puso en conocimiento de las partes procesales y de entidades públicas, privadas, personas convocadas a la diligencia, que Fiscalía recibió un oficio, el 5 de enero pasado, suscrito por la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa en el que se indicaba: “… se torna imposible notificar a los mismos (…) que las aeronaves (helicópteros) que dispone las Fuerzas Armadas se encuentran realizando operaciones militares en frontera norte (…) que se digne señalar la diligencia de reconstrucción de los hechos con la menos ocho días de antelación….»
Según el impulso fiscal emitido el 4 de enero pasado, se convoca a personal militar para una reconstrucción de los hechos que arrancará a las 07:00 en las instalaciones de la Brigada Patria, localizada en Latacunga, provincia de Cotopaxi, y concluirá en la noche en la intersección de las avenidas Mariana de Jesús y Occidental, zona del norte de Quito en la que ocurrieron las muertes el 30 de septiembre de 2010.
Además de militares y policías activos y en servicio pasivo, fueron convocados a la diligencia comunicadores sociales que presenciaron los hechos entre la tarde y noche de ese 30S. La Fiscalía también extendió comunicaciones a instituciones militares y policiales para que se faciliten vehículos y otros objetos que fueron usados la noche en que fallecieron los dos militares y el cabo de policía.
En otra parte la fiscal Romero informa que la tarde de este jueves recibió el oficio N. 9B.F.E-JURID-001, suscrito por el coronel Patricio Marcelo Guadalupe, comandante de la 9 B.F.E Patria, en el que señala que ante la solicitud de medios logísticos y vehículos militares se indica que ese pedido “deberá ser canalizado a través del Ministerio de Defensa”. Ante estas circunstancias Romero decidió suspender la diligencia.
Abogados de los procesados consultados creen que existiendo un corto tiempo para que concluyan los 120 días de instrucción fiscal en el caso, se hace cada vez más difícil el que se concrete una reconstrucción de los hechos. Aún no existe una fecha tentativa en la que podría darse la reconstrucción solicitada por la Fiscalía.
Nota Original: El Universo – LINK
