En un año y medio de investigaciones la fiscal general Diana Salazar asegura que ha podido recabar evidencia que le permite presumir que existe un grupo de funcionarios y exfuncionarios públicos de la Contraloría General del Estado (CGE), de la empresa pública Petroecuador, de la Secretaría General de la Presidencia de la República y de personas particulares que conforman una estructura organizada con la finalidad del cometimiento de delitos que atentan contra la eficiencia de la seguridad pública del país.
Para Salazar, la delincuencia organizada, por la que formuló cargos la noche del martes último ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, engloba los hechos que se investigan de forma previa desde julio del 2019. La noche del martes último, la Fiscalía pidió órdenes de detención con fines investigativos contra 14 personas, pero finalmente solo han sido procesadas nueve.
En esos hechos ilícitos, según Fiscalía, estarían relacionados el contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre; el ex secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones; los hermanos de ambos, Esteban Celi y Luis Agusto Briones, respectivamente; Ángelo R., Andrés L., Silvia L., Elsie Cueva, y Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores.
Más de seis horas de audiencia y hora y media de análisis le sirvieron al juez Córdova para ordenar la prisión preventiva de los siete primeros procesados, el no emitir para Cueva ninguna medida cautelar y ordenar su libertad inmediata, y definir para Cárdenas la presentación periódica cada ocho días en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ desde el lunes 19 de abril próximo, el uso del grillete electrónico y la prohibición de salida del país.
Siete horas después de haberse ordenado la prisión preventiva, Celi, Agusto Briones y otros cuatro procesados hombres fueron ingresados en la Cárcel 4, en Quito; y Silvia L. fue llevada a la Cárcel de Mujeres en Chillogallo, en el sur de la ciudad.
En la formulación de cargos, Salazar presentó 16 elementos de convicción, entre los que constaban cuatro versiones (por ejemplo, Luis Miño Morales, funcionario de la CGE; la procesada Natalia Cárdenas), oficios, informes periciales que contendrían la extracción de audio y transcripción donde se evidenciaría la coordinación para la entrega de pagos indebidos, decretos ejecutivos con que se designa a José Agusto Briones secretario de la Presidencia y ministro de Energía y Recursos No Renovables, y dos asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos.
Salazar recordó en su exposición que, en junio del 2019, José Raúl de la Torre, sobrino del contralor Celi, y Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos. En ese país, ambos ya recibieron una sentencia luego de que reconocieron haber solicitado un soborno de $ 3,5 millones a una contratista de Petroecuador para obtener un nuevo contrato y mantener los que ya tenía con la estatal petrolera.
Esa información habría servido de base para iniciar una investigación previa en la que se habría evidenciado que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares conformaron una estructura organizada, cuya finalidad era cometer “varios delitos” contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.
Los líderes de esta organización ocupaban altos cargos públicos, dijo la fiscal Salazar, y añadió que los miembros de la estructura habrían exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit S.A., entre el 2017 y el 2020.
Nota Original: El Universo – LINK
