El recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía «tiene como propósito que se restituya el debido proceso, dado que el profesional del derecho no ha cometido ningún delito y por tanto, su causa no puede ser conocida por la jurisdicción militar sino por la ordinaria», según un comunicado del Ministerio Público.
Zerpa fue detenido el pasado sábado, un día después de su nombramiento por el Parlamento, por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia nacional (Sebin).
Otros dos jueces designados el viernes por la Cámara, Jesús Rojas Torres y Zuleima González, también fueron detenidos ayer por el Sebin.
El Tribunal Supremo emitió tras la designación de jueces paralelos por el Parlamento un pronunciamiento en el que advertía a los magistrados recién nombrados de que estaban incurriendo en «delitos de traición a la patria» contemplados por la justicia militar.
Tanto el Parlamento como la Fiscalía han calificado de ilegales estas detenciones.
Estas dos instituciones consideran ilegítimos a los 33 jueces en ejercicio del Supremo, nombrados en diciembre de 2015 por la mayoría que el oficialismo tenía entonces en el Parlamento, debido a supuestas irregularidades en el proceso en que se les designó.
Según denunció el Ministerio Público, Zerpa «fue privado de libertad por el Tribunal 1º de Control Militar de Caracas» tras su detención, y «no ha podido contactar a sus abogados y familiares» desde que fue aprehendido.
Asimismo, informa de que aún no ha podido «verificar» el estado de salud de Zerpa, quien optó por defenderse a sí mismo en la audiencia de imputación y, además, se declaró en huelga de hambre el lunes.
En este contexto, la televisión estatal VTV emitió anoche un vídeo en el que aparecía quien sería el magistrado designado el viernes por el Parlamento Jesús Rojas Torres.
Rojas habría afirmado ante una cámara de vídeo que renunciaba a la designación del Parlamento y denunciaba haber sido nombrado sin su consentimiento tras tomar sus datos de identificación un diputado opositor.
Fuente: EFE