En la sesión de hoy, dentro de la etapa de preparación, se trataron tres puntos principales. En el primero se conocieron algunas comunicaciones que habían llegado a la mesa por parte de los asambleístas Bayron Pacheco y Fernando Bustamante, quienes solicitaban la presencia del Contralor, Carlos Pólit, para que emita su criterio sobre la vigencia y espíritu del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de Bienes y Existencias del Sector Público.
La comisión, con el voto favorable de 8 parlamentarios, consideró que este pedido es improcedente, porque hubo omisión procedimental, tal como lo explicó el asambleísta Víctor Medina. Afirmó que no se cumplió con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al no haber anunciado la totalidad de las pruebas, en la solicitud de inicio de juicio político. En esas comunicaciones Pacheco también pidió asistencia de los representantes de los seguros Sucre y Rocafuerte.
El pedido de que acuda Pólit también lo hizo el asambleísta Ramón Terán, miembro de la comisión. No obstante, los legisladores de la comisión hicieron el mismo razonamiento y rechazaron la solicitud. Además añadieron que la autoridad de control no podrá emitir un criterio anticipado, sin haber hecho un examen especial previo, ni tiene facultad para interpretar el Reglamento.
María José Carrión, presidenta de la comisión, manifestó que el artículo 211 de la Constitución determina que la Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. También dijo que dentro de sus atribuciones el Contralor no puede interpretar el Reglamento.
Esta norma, en especial en su artículo 5, relacionado con la protección de los bienes, fue una de las que, según Pacheco, el ministro Espinosa habría inobservado para no contratar seguros en algunas instituciones educativas. Sobre este argumento, el ministro Espinosa indicó que existe ambigüedad en el mismo y que ha sido discrecional, porque depende de un análisis de riesgos y de la disponibilidad presupuestaria de cada institución.
Posteriormente, se leyeron los argumentos que presentaron los asambleístas que acusan al Secretario de Estado, así como las pruebas presentadas por el ministro Espinosa. Medina concluyó que “se debe proseguir con la siguiente etapa, según plazos y términos que indica la ley, una vez que se ha escuchado la información” y elevó a moción para que se convoque a una nueva sesión mañana, a fin de analizar, elaborar y aprobar el informe. Añadió que cada asambleísta cuenta con la información correspondiente para emitir mañana sus criterios. La propuesta recibió el apoyo de 7 parlamentarios.
