El programa, de 27 meses, tiene como objetivo respaldar al país para estabilizar la economía, ampliar la cobertura de los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y fortalecer las instituciones nacionales, indicó el FMI en un comunicado.
En septiembre pasado, este fue aprobado por alrededor de $ 6.500 millones.
El organismo destacó que la red de protección social se ha extendido a más de 270.000 familias de bajos ingresos desde julio, así como la aprobación en la Asamblea de la Ley Anticorrupción.
El crédito es a 10 años de plazo, con 4 años de gracia, a una tasa de 2,9 % de interés.
María Patiño, consultora financiera, considera que los $ 2.000 millones son críticos para cerrar el año.
“El Fondo se convirtió, otra vez, en un actor clave para Ecuador. No hay posibilidad de que el Gobierno negocie nada más con el Fondo…”, dijo.
Sostuvo que Ecuador no tiene acceso a otras fuentes de financiamiento y, fundamentalmente, ese multilateral es la única disponible.
Señaló que no se puede pensar en salir con una emisión de bonos, aunque los mercados internacionales están comprando los de países en desarrollo y economías emergentes, pero Ecuador no entra en esa categoría por conflictos pasados y por problemas de transparencia.
Una siguiente revisión del FMI sería en abril próximo, dado que se las debe realizar cada cuatro meses.
Patiño sostuvo que será una discusión con el nuevo Gobierno para que puedan desembolsar el siguiente tramo, que es de $ 2.500 millones, administración que debe implementar reformas tributarias y fiscales.
El ministro de Economía, Mauricio Pozo, mencionó que es larga la lista de temas a los que se destinará el dinero y enumeró a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), salud, educación, cobertura salarial, atrasos con proveedores y otros.
Para el analista económico Pablo Dávalos, el apoyo económico del FMI no le conviene al país, porque de acuerdo a normativa interna está prohibido pagar gasto corriente con deuda pública, lo que significa que no se puede pagar a proveedores, ni deuda con los GAD.
“El problema con el FMI es que establece condiciones macroeconómicas que ponen en riesgo todo el ordenamiento jurídico”, expresó.
Con los $ 2.000 millones adicionales Ecuador llega a $4.000 millones. Restan $2.500 millones que se recibirían así: $ 1.500 millones en 2021 y $ 1.000 millones en 2022.
Nota Original: El Universo – LINK
