“El Ministerio de Justicia ha armado ya el expediente para enviarle al juez quien es quien resuelve. El Ministerio da fe de cuál es el porcentaje de cumplimiento de la pena que en este caso es de alrededor del 41%. Con el Código Penal anterior, con el que Lara fue juzgado, se establece que con el 40% de la pena se podía acceder al beneficio de prelibertad”, señaló la Ministra.
La figura de prelibertad señala que los procesados pueden cumplir parte de su condena realizando actividades comunitarias fuera de la cárcel y presentándose a autoridades judiciales. Según Alvarado, es Galo Lara quien no ha querido firmar los papeles para acogerse a este beneficio. Por lo que se hizo un expediente de oficio para enviarlo al juez a cargo de su sentencia.
La Ministra participó de la entrega de un proyecto de Ley de extinción de dominio que dejó el Ejecutivo, la mañana de este jueves 26 de julio, en la Asamblea. Ahí señaló las supuestas inconsistencias del informe del Instituto Interamericano.
“Es un Informe plagado de faltas de ortografía, inconsistencias y falsedades”, comentó. El documento – a su criterio- pone en duda el accionar incluso de profesionales médicos que habrían atendido a Lara cuando tuvo problemas en su salud.
El 24 de julio, delegados del Instituto Interamericano por la Democracia (IID) pidieron al gobierno de Lenín Moreno que anule el proceso penal del caso Quinsaloma, por el que se condenó al político Galo Lara a diez años prisión.
En un informe el organismo concluyó que Lara es un perseguido político y que su «salud es frágil y está agravada por la desatención. Ha sido víctima de tratos inhumanos y crueles».
Fuente: El Comercio
