Lara pidió, además, al presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, que se investigue a los jueces que -según dijo- habrían “forjado” pruebas y documentos para condenarlo a 10 años de prisión por su complicidad en el triple homicidio.
El exlegislador, quien goza de libertad condicional tras haber cumplido el 40% de la pena, mostró un informe de la Defensoría del Pueblo en el que expone la presunta vulneración de los derechos humanos durante la privación de libertad de él y otros implicados en el asesinato. El crimen ocurrió en el cantón Quinsaloma, en Los Ríos, el 4 de agosto del 2011.
Las víctimas fueron Carlos Llanos, Silvia Parco y el hijo de ellos de 2 años de edad. Lara se considera “perseguido político” por haber sido crítico del gobierno del expresidente Rafael Correa.
Fuente: El Telégrafo
