El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, han acordado iniciar este miércoles las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz. Después de casi dos años de conversaciones exploratorias, ambas partes tienen previsto anunciar en las próximas horas desde Caracas, donde los líderes del ELN siempre han encontrado protección, las condiciones en que se desarrollarán las negociaciones. Este proceso de paz se antojaba esencial para el desarrollo del posconflicto en Colombia después de más de tres años de conversaciones con la guerrilla de las FARC.
Hace casi dos años que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizó, en mayo de 2014, en plena campaña por la reelección, un diálogo exploratorio para tratar de iniciar un proceso de paz con el ELN similar al que se desarrolla con las FARC. Con la principal guerrilla del país se tardó seis meses en sentar las bases de las negociaciones que, después de más de tres años, se encaminan a poner fin al conflicto más antiguo de América Latina. Con el ELN ha sido imposible hasta ahora.
La segunda guerrilla, que cuenta con unos 2.000 miembros, nació con una ideología que mezcla cristianismo, marxismo y nacionalismo radical en 1964, casi a la par de las FARC. El ELN ha estado activo desde el inicio de un conflicto que ha dejado más de siete millones de víctimas. La extorsión y los secuestros, que se cuentan por miles, han sido su fuente de financiación principal, aunque en los últimos años los vínculos con el narcotráfico han ido a más.
Las consecuencias de que no prosperase un proceso de paz con el ELN preocupaban a las autoridades colombianas. Las operaciones contra la guerrilla en zonas compartidas con las FARC obstaculizarían la verificación del cese al fuego. Los principales riesgos se concentrarían en aquellas regiones donde operan los frentes más beligerantes, el circuito conocido como ABC (Arauca, Boyacá y Casanare), Norte de Santander, Chocó, Cauca y Nariño.
Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) se corría el riesgo de que, en medio de un posconflicto, el ELN “alcance un dominio casi completo de los espacios dejados por las FARC”. En esas zonas, prosigue el informe, el ELN “tiene capacidad operativa para atacar a la Fuerza Pública, la infraestructura minero-energética, reclutar a guerrilleros de las FARC no desmovilizados y competir por la explotación de la minería ilegal y la extorsión a las empresas de hidrocarburos”.
Mientras los Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se centraban en acabar con las FARC, el ELN, que sufrió sus mayores golpes entre 1995 y 2002, ha recrudecido su actividad en los últimos años. Según uno de los últimos informes de CERAC, ha intensificado sus ataques desde 2011 y los niveles “relativamente altos» que mantenían desde 2013 indicaban que habían «tomado la decisión de mantener sus acciones militares”.
