A mediados de febrero fenecen los 90 días más de plazo que dio el gobierno de Lenín Moreno a esta comisión para que siga activa, mientras esperan que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba el estatuto para su funcionamiento interno.
“(…) La pelota está en las manos de que se apruebe internacionalmente el estatuto, luego de eso empezamos a caminar con la Cancillería, la Asamblea Nacional, para la elaboración de leyes, pues como ustedes comprenderán los expertos han pedido que se les garantice un marco de independencia. Pero todo depende de la aprobación del estatuto y en eso estamos”, explicó ayer José de la Gasca, nuevo secretario Anticorrupción, ente adscrito a la Presidencia de la República.
La Comisión se integró por decreto presidencial 731 en mayo del 2019, con los comisionados extranjeros Stacy de la Torre, Nicolás Rodríguez, Claudia Escobar, Vladimir Aras y Carlos Hernández.
Pero ocho meses después, no han podido trabajar, pese a que dicho estatuto está listo desde julio del 2019.
En agosto vencían los primeros 90 días para preparar las reglas para su trabajo. Pero el plazo se extendió hasta el 13 de noviembre, cuando la Ceicce esperaba obtener la viabilidad jurídica y diplomática para ejercer sus actividades.
Y el último plazo dado, a través de un acuerdo ministerial firmado entre la Cancillería ecuatoriana y la Secretaría Anticorrupción, culmina a mediados de febrero del año en curso.
La instalación de esta instancia se da en medio del reclamo del régimen, que en septiembre pasado, a través del jefe de la diplomacia ecuatoriana, José Valencia, remitió al coordinador residente de la ONU en Quito, Arnauld Peral, una carta en la que expresaba su “frustración”, porque “pese a hacer su parte, incluyendo la provisión de fondos, situaciones fuera de su alcance han impedido que hasta la fecha dé inicio la Fase II”.
Fuente: El Universo, nota original: LINK
