La reforma entró en vigencia desde ayer y permite que estos servidores reciban bonos del Estado (que contemplan una tasa de interés) a ser canjeados por efectivo cuando cumplan 70 años.
Según el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, el acuerdo anterior establecía que podían jubilarse menores de 70, pero que si el Estado no tenía los fondos perdían la compensación.
El presidente Lenín Moreno explicó que de una deuda del Estado inicial por incentivo a la jubilación de $ 1.250 millones, ya han pagado $ 626 millones a unos 12.000 jubilados.
Además, indicó que entre agosto y diciembre de este año se cancelarían $ 100 millones a 1.839 beneficiarios.
Los fondos para los pagos pendientes, de acuerdo con Ledesma, provendrían de la optimización del Estado y de las medidas económicas.
El secretario de Estado explicó que cada ministerio revisará las solicitudes de jubilación. Eso significa que las valida y enviará al Ministerio del Trabajo para verificar si cada una cumple con los requisitos de ley (por ejemplo, que haya un mínimo de 60 aportaciones).
El funcionario agregó que las jubilaciones hasta el momento se venían cancelando en efectivo y que la nueva opción de los bonos será voluntaria, lo que permitiría mayor rapidez en las transferencias.