El presidente Guillermo Lasso hizo un pedido a la Corte Constitucional (CC) para que realice un seguimiento de la actuación que ha tenido la Asamblea Nacional respecto del juicio político en su contra, confirmó a este Diario el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz.
El jefe de Estado pidió revisar el cumplimiento del dictamen 1-23-DJ/23 en el que la Corte admitió la solicitud de juicio político, el 29 de marzo.
El pedido de Lasso se concretó mientras transcurren los plazos para que se lleve a cabo la sesión del pleno, en la que se juzgará políticamente al primer mandatario. Según la asambleísta Viviana Veloz (UNES) esa sesión se efectuaría el martes 16 de mayo.
Carondelet ha rechazado el procedimiento legislativo y asegura que no existen pruebas que inculpen al gobernante, quien es acusado de presunto delito de peculado por un contrato entre Flopec y Amazonas Tanker.
El martes 9 de mayo el Parlamento aprobó llevar a juicio político a Guillermo Lasso, a través de una resolución interpuesta por Veloz que obtuvo 88 votos a favor.
Al respecto, el jueves el secretario jurídico de la Presidencia criticó el procedimiento y dijo que la resolución del martes viola la norma. Comentó que se han cometido “irregularidades e ilegalidades” que van en contra del dictamen de la Corte Constitucional.
“Hay una resolución que inclusive se va en contra del dictamen. Presentaron nuevos hechos dentro de esa sesión (del 9 de mayo) sobre los cuales van a querer que se pronuncie el pleno de la Asamblea”, dijo Juan Pablo Ortiz.
A criterio del secretario jurídico de la Presidencia, por estas aparentes faltas varios asambleístas podrían ser destituidos, si lo decide la Corte.
La Corte Constitucional recordó el viernes, a través de redes sociales, lo que recoge el Dictamen 1-23-DJ/23 sobre la admisión de solicitud de juicio político, el cual tuvo tres votos salvados de los jueces constitucionales Teresa Nuques, Carmen Corral y Enrique Herrería.
Inicialmente, el pedido de la Asamblea era enjuiciar a Guillermo Lasso por los delitos de peculado y concusión. Sin embargo, la CC admitió únicamente la causal de peculado, ya que cumplió con los requisitos.
En el análisis del procedimiento, la Corte concluyó que la solicitud y el trámite seguido hasta ese momento en la Asamblea habían respetado los principios correspondientes. No obstante, la entidad llamó la atención a los solicitantes y al Parlamento por la falta de prolijidad.
Durante todo este tiempo la Corte podía actuar de oficio, o a petición de parte, para iniciar el seguimiento y cumplimiento de su dictamen, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, explicó el abogado constitucionalista José Chalco.
“En el dictamen la Corte dio muchos estándares y distintas disposiciones de cómo debía llevarse adelante el juicio político. Una de ellas es el cumplimiento al debido proceso”, describió Chalco, quien considera que no se ha visto que el Parlamento cumpla con el debido procedimiento, porque aprobó una resolución que no consta en la Constitución o en la Ley de la Función Legislativa.
El experto confirmó que si la Corte encuentra anomalías podría sancionar a los asambleístas hasta con su destitución y disponer que se “recanalice” el proceso del juicio político, apegado al dictamen.
Fuente: El Universo Nota original: LINK
