El presidente Lasso considera que las reformas a la Ley aprobadas por la Asamblea pondrían en riesgo 112 000 empleos y con el veto total, la iniciativa deberá ser archivada durante al menos 1 año.
En el veto, el primer mandatario señala que el proyecto de ley aborda varios temas relevantes. “Sin embargo, lo hace con absoluta ligereza técnico-legislativa”.
Además, agregó que el Legislativo no ha especificado cuáles artículos van a ser derogados, “ni considera que varios artículos de dicha ley tuvieron aplicación temporal regulada”.
Algunas fuentes del oficialismo señalaron que el proyecto planteaba que disposiciones temporales de alivio financiero aplicadas en los primeros meses de pandemia se vuelvan permanentes.
Esto afectaría a la seguridad de la provisión de servicios públicos y a los entes más pequeños del sistema financiero. Acotaron que, ahora en las mesas de diálogo, se han considerado mecanismos de alivio similares que serán de aplicación más rápida.
Gremios preocupados
En un comunicado, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) y la Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador (ANME), expresaron su desacuerdo con la ley.
El pasado 16 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la derogación parcial de la Ley de Apoyo Humanitario, vigente desde junio de 2020. Asimismo, se incluyeron algunas reformas referentes a la prestación de servicios del sector financiero.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
