Para la diligencia solicitada por el fiscal general Paúl Pérez, Jalkh ingresó por la puerta trasera de la Fiscalía y no puedo ser observado por la prensa. El actual asambleísta y exministro del Interior, José Serrano, también debía rendir su versión sobre lo que conocía del hecho investigado, pero no llegó a la cita.
Según el abogado de los denunciantes, Gonzalo Realpe, este es un delito de Estado porque lo habrían cometido conjuntamente representantes del Ejecutivo, como Serrano, y de la Función Judicial, como Jalkh.
Pese a que la investigación es reservada en este punto, Realpe adelantó que Gustavo Jalkh no aportó información relevante para el caso, pues, aseguró, él no recordaba nada sobre lo que se investiga.
«A Gustavo Jalkh se le notó nervioso, confundido. Lo raro de esto y siguiendo la escuela de Rafael Correa, que tampoco se acuerda de nada en el país, es que es el único ecuatoriano que no se acuerda que más de 60 jóvenes, entre niños y adolescentes, estudiantes del Colegio Mejía, fueron detenidos y torturados por miembros de la Policía en el tiempo del correato», dijo Realpe.
La defensa de las víctimas señaló que entregarán a las autoridades testimonios de decenas de estudiantes y padres de familia que habrían visto, a la medianoche del 18 de septiembre de 2014 en que se produjeron los hechos, al (entonces) ministro Serrano ingresando al Regimiento Quito, en la capital, con el fin, aclara Realpe, «de verificar que se les haya torturado a los estudiantes del Colegio Mejía».
En cambio a Gustavo Jalkh se lo habría denunciado en este caso por ser cabeza de la Función Judicial que ordenó a los jueces a que metan presos y condenen ilegalmente a 30 y 60 días de prisión a los estudiantes del Mejía.
El 10 de julio pasado, un total de quince exalumnos del Colegio Mejía, de Quito, reconocieron en Fiscalía su firma en una denuncia por el delito de torturas que colocaron directamente contra el exministro Serrano, y el expresidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
Fuente: El Universo