El gremio del taxismo de Pichincha pidió a la Asamblea Nacional que se llame a comparecer a las autoridades del Ministerio de Transporte del Gobierno de Daniel Noboa Azín para que detallen el estado de la elaboración del reglamento general a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Este 17 de septiembre de 2024, en medio de una plenaria, decenas de trabajadores del taxismo llegaron hasta la Asamblea Nacional para que se escuchen sus exigencias respecto de las regulaciones para las plataformas de taxi que no pertenecen a cooperativas regularizadas por la autoridad nacional.
La inconformidad yace en un reciente dictamen de la Corte Constitucional (CC), del 22 de agosto pasado, en el que se aceptó parcialmente una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 386, párrafo tercero, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La norma actual refiere que se sancionará con dos salarios básicos, reducción de diez puntos en la licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días al “conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos autorizados, el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo será probado con la certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora”.
La Corte declaró la constitucionalidad condicionada de la frase “que realice un servicio diferente para el que fue autorizado”, y será constitucional ”siempre que se entienda que el servicio de transporte de pasajeros o bienes que realice el conductor cuente con una regulación que prevea la posibilidad de obtener la respectiva autorización”.
Se argumentó que la frase impugnada podría abarcar conductas que no han sido reguladas previamente, lo que sería contrario al principio de mínima intervención penal, pudiendo llegar a ser incompatible con los derechos al trabajo, libertad de empresa y libertad de contratación.
Eso motivó la movilización de las operadoras de transporte legal en taxis para exigir al Legislativo que pida explicaciones al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito y demás autoridades involucradas con el sector, respecto de este articulado que le corresponde emitir al presidente de la República, Daniel Noboa.
De los dirigentes, el presidente de la Federación de Taxis de Pichincha, Carlos Bhrunis, fue recibido en comisión general junto con Javier Morales Aguilar.
Bhrunis indicó, ante el pleno, que conocen de tres y cuatro proyectos de reglamento a la ley que están en elaboración. “No conocemos cuál es el que aprobará el presidente; por eso es importante que se socialice previo a que sea emitido”, dijo.
Recordó que la norma se aprobó hace tres años y desde entonces no hay su reglamento, lo que impediría que se regulen las actividades de las plataformas digitales que ofrecen movilidad.
A los taxistas los recibió el presidente del Parlamento, Henry Kronfle Kozhaya, en los exteriores del Palacio Legislativo.
Les ofreció llamar al ministro de Transporte, Roberto Luque Nuques; y también les contó que este miércoles se reuniría con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y mediará para que acceda a conversar con ellos y buscar soluciones.
Kronfle criticó al régimen por retardar este proceso. “Es una barbaridad, porque es una ley que se emitió hace tanto tiempo. Vamos a dirigirnos al Gobierno y exigir que se haga ese reglamento y se haga con la intervención de ustedes (los transportistas), porque no queremos una norma que no sirva para nada y que sea un problema”, afirmó Kronfle, y aclaró que “nadie está diciendo que se quiten las plataformas, sino que se trabaje en igualdad de condiciones”.
Adicionalmente, se comprometió a que en las próximas horas presentará un proyecto de ley para regular el uso de los radares para el control de velocidad.
“Voy a presentar una reforma legal para evitar que se siga metiendo la mano al bolsillo con esos radares. Vamos a acabar con eso. Vamos a presentar una reforma a ley para que nadie pueda ser multado, solo cuando haya una infracción y esté la autoridad”, anticipó.
Fuente: El Universo – Nota original
