«La redacción imprecisa del proyecto de ley de combate al terrorismo puede permitir que el Estado juzgue y sancione severamente personas por tan solo expresar opiniones», alegó la directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu, en una carta enviada hoy a la jefa de Estado, que tiene plazo hasta el próximo miércoles para sancionar o vetar la iniciativa.
La organización internacional, que divulgó el contenido de su carta, asegura que el proyecto de ley, por usar definiciones «amplias» y «vagas», pone en riesgo tanto la libertad de expresión como la libertad de asociación.
El cuestionado proyecto de ley fue aprobado a finales de febrero por la Cámara de Diputados en última votación y, como ya había pasado por el Senado, su entrada en vigor depende de la decisión de Rousseff, que tiene plazo hasta el 16 de marzo para sancionarlo o vetarlo.
La iniciativa prevé penas de entre 12 y 30 años de prisión para quien ponga en peligro «a personas, patrimonio o la paz pública» con la finalidad de «provocar terror social».
Numerosos grupos de defensa de los derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales brasileños han defendido el veto a la iniciativa parlamentaria por considerar que servirá para «reprimir y controlar manifestaciones de grupos organizados».
Según HRW, el proyecto de ley define como actos terroristas los que ponen a personas o patrimonio en peligro, «un concepto vago no aclarado en el documento y que puede ser usado para reprimir protestas pacíficas».
La organización asegura que, aunque no existe una definición universal de terrorismo, los parámetros internacionales recomiendan que el término sea usado para tipificar actos que tienen la intención de causar la muerte o lesiones personales graves.
HRW reconoce que el proyecto de ley incluyó una excepción para determinar que la definición de terrorismo no se aplica a manifestaciones políticas, de movimientos sociales, sindicales, religiosos o de grupos profesionales que se propongan defender derechos, garantías y libertades constitucionales.
Pero, alega, «ese dispositivo estaría abierto a interpretaciones de los jueces, que podrían decidir que una causa legítima promovida por un grupo determinado no se encaja en esa categoría».
Igualmente alega que la excepción no se aplica a crímenes relacionados, como «apología al terrorismo» o «actos preparatorios de terrorismo».
«Una persona que haga un comentario en las redes sociales que pueda ser interpretado como de apoyo a un terrorista puede ser condenado a hasta 13 años de prisión según ese proyecto de ley. Es una clara amenaza a la libertad de expresión», afirmó Canineu.
