La víctima, Rosa Elvira Cely, de 35 años, encontró la muerte el 23 de mayo de 2012 a manos de un hombre que la condujo a un zona oscura del céntrico Parque Nacional de Bogotá, donde tras abusar sexualmente de ella, la torturó y empaló, causándole graves heridas que le provocaron la muerte horas después en un hospital.
Javier Velasco reconoció los delitos de homicidio agravado, tortura y acceso carnal violento de Cely, que había sido su compañera de estudios, por los que fue condenado a 90 años de prisión.
Sin embargo, el diario El Espectador reveló hoy que según la abogada Luz Stella Boada, de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, este crimen fue «culpa exclusiva» de la mujer, lo que generó una avalancha de críticas en las redes sociales, por haber salido el día de los hechos con dos compañeros de estudio, el otro identificado como Mauricio Rojas Ariza, quien sigue siendo investigado.
«Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte», señala el concepto jurídico de la Secretaría de Gobierno de Bogotá en respuesta a una demanda por negligencia de las autoridades presentada por la familia de la víctima.
El argumento de la Alcaldía es que Cely «puso en riesgo su integridad y vida» pues se fue con Velasco «a un sitio que todos sabemos es desolado e intransitado en las noches».
De inmediato, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se mostró indignado con la respuesta de su Secretaría de Gobierno y pidió revisar y rectificar el parecer emitido.
«No compartimos concepto de oficina jurídica de Secretaría de Gobierno. Solidaridad con Rosa Elvira Cely y sus familiares», manifestó Peñalosa en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la representante a la Cámara Ángela Robledo, quien impulsó en el Congreso la «Ley Rosa Elvira Cely», aprobada en junio de 2015 contra el feminicidio, también manifestó su indignación por la posición de la Secretaría de Gobierno.
«Además de crueles, esas palabras muestran una clara ignorancia sobre lo que significa el estado de indefensión de una persona», afirmó Robledo en su cuenta de Twitter.
Entre tanto el jurista y defensor de los derechos humanos César Rodríguez Garavito afirmó que desde el punto de vista jurídico, la respuesta de la Secretaría «no tiene ni pies ni cabeza».
Según el jurista, «afirmar que una mujer que sale con hombres y termina violada o asesinada tiene la culpa de que le ocurrió es la perspectiva más troglodita del abuso sexual».
Tras el revuelo que causó esta decisión, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, ofreció disculpas a la familia de Cely.
«A su familia y a todas las mujeres que han sido víctimas les quiero, en nombre del distrito, ofrecer disculpas por el tipo de argumento que ha utilizado la Secretaría de Gobierno en este caso», manifestó Uribe en rueda de prensa.
«Es por eso que hemos ya dado la instrucción para que se rectifique y se retire este argumento, para que el señor juez no lo tenga en cuenta en la defensa de la administración», dijo.
El funcionario informó además que renunció la directora de la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno, la abogada Nayibe Carrasco.
