Inmediatamente, la mesa legislativa entregó el expediente al contralor general del Estado, Xavier Torres Maldonado, a fin de que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, establezca las posibles responsabilidades civiles, administrativas y de orden penal por el mal manejo del sector eléctrico.
El organismo parlamentario, entre otros aspectos, concluye que la crisis energética de 2023 generó un alto costo para el país, cuyas pérdidas superan los 400 millones de dólares en los sectores productivos y más de 230 millones de dólares para el sector público, producto de la importación de energía desde Colombia, a un costo de 60 centavos de dólar por kilovatio, cuando la tarifa en Ecuador es de nueve centavos.
Así mismo, considera que esta crisis tuvo su origen en una institucionalidad debilitada desde 2018, a partir de la fusión de los ministerios de Hidrocarburos, Minas y Electricidad y de Energía Renovable, en el Ministerio de Energía y Minas, lo cual va de la mano con la fusión de las respectivas agencias de control, al margen de lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El informe subraya en la inobservancia de las alertas emitidas por el Operador Nacional de Energía (CENACE) y la Corporación Nacional de Electricidad (CENEL EP), sobre los efectos del estiaje, ante lo cual la respuesta de las autoridades fue nula o tardía, pues jamás se dio la contratación de gas para la Termoeléctrica Machala. Hubo un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación.
Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, aseguró que el informe demuestra que esta nueva Asamblea trabaja de manera responsable y técnica, a favor de las causas nacionales, que se ha dejado atrás el odio político y que “somos capaces de procesar de manera adecuada los disensos”.
Finalmente, en rueda de prensa ofrecida en el Palacio Legislativo, junto con los miembros de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre aseguró que se tomarán todas las acciones de control político que sean necesarias, para que el manejo irresponsable del sector energético de los gobiernos de Moreno y Lasso no quede en la impunidad.
