Detalles de dos informes de la Relatoría de Naciones Unidas se hicieron públicos este miércoles 8 de julio del 2020. Organizaciones de mujeres los expusieron e instaron al Estado ecuatoriano a cumplir con las recomendaciones de esta y otras instancias internacionales, respecto a la despenalización del aborto en casos de violación y a la atención en salud de niñas y mujeres del Ecuador.
El Relator Especial de Salud visitó el Ecuador del 17 al 26 de septiembre de 2019, por invitación del Gobierno. La misión tenía por propósito determinar, en un espíritu de diálogo y cooperación, la forma en que el país ha venido trabajando para hacer efectivo el derecho a la salud física y mental.
Mientras, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, estuvo de visita, también por invitación del Gobierno, del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2019.
El principal objetivo de esta fue determinar la situación general en materia de violencia contra las mujeres que vivía el país y evaluar las iniciativas que se estaban adoptando para eliminar tal tipo de violencia, entre otros, por medio de las leyes, políticas y servicios pertinentes, así como los obstáculos que se planteaban al respecto.
En el informe del primer relator se lee que el derecho a la salud debería promoverse y protegerse, no solamente brindando acceso a los servicios, suministros e instalaciones de atención de la salud, que deben estar disponibles, ser asequibles, apropiados y de buena calidad, sino también elaborando y aplicando programas intersectoriales que traten los factores socioeconómicos, culturales y ambientales.
Esas políticas o programas -concluyó el relator- deberían estar orientados hacia los derechos humanos, poniendo gran énfasis en los principios de igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento, así como en la rendición de cuentas.
La representante de la Fundación Desafío, Virginia Gómez De la Torre, señaló que además piden que la Corte Constitucional tramite las demandas presentadas ante ese tribunal: una de inconstitucionalidad y otra por incumplimiento.
En ellas se solicitó la despenalización del aborto o por lo menos la ampliación de causales, que se trataron el año pasado en la Asamblea y que no fueron acogidas.
Además señaló que es importante plantear la indefensión en la que quedan las mujeres, debido a que los recursos humanos y económicos de los programas de embarazo adolescente y violencia han sido mermados.
“Son programas que no requieren de un gran financiamiento”. El relator de salud de Naciones Unidad recomendó en su informe, entre otras cosas, que el Estado garantice los recursos financieros y humanos necesarios para mantener niveles suficientes de acceso a los servicios de salud y alcanzar por lo menos el 4% del PIB previsto en la Constitución. Además recomienda que se examinen las medidas económicas adoptadas y asegure la transparencia y el diálogo, a fin de garantizar el derecho a la salud física y mental de todas las personas.
En particular, recomienda que se realice una importante inversión en la atención primaria de la salud, los servicios de salud mental y diversas iniciativas encaminadas a combatir la violencia contra las niñas y las mujeres, como asunto de máxima prioridad.
Otras recomendaciones del relator son que Ecuador redoble los esfuerzos por tratar, con carácter prioritario, el problema de la violencia de género y los embarazos en la niñez y la adolescencia.
En el informe también se pide que se aplique plenamente la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, con la participación de todos los organismos y sectores involucrados, incluida la administración de justicia, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Salud Pública, y asigne el presupuesto necesario para que tal ley se aplique efectivamente.
El relator de salud recomienda al Estado que “modifique urgentemente el Código Penal con el fin de despenalizar el aborto en los casos de violación, incesto y malformaciones fetales graves, y cree un entorno propicio para garantizar que todas las mujeres y niñas puedan practicarse un aborto sin complicaciones y tengan acceso a atención posterior al aborto, garantizando el acceso a los servicios correspondientes”.
Por su parte, la relatora sobre violencia contra la mujer, en su informe anotó que el Gobierno debería derogar los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (2014) para garantizar que no se puedan presentar cargos penales contra las mujeres y las niñas que se practiquen un aborto o contra los profesionales de la salud habilitados y cualquier otra persona que preste los servicios y ayude a practicar los abortos.
Además dijo que se deberían aprobar leyes que prevean la ampliación de las causales de aborto legal, “al menos cuando exista una amenaza para la salud física o mental de la embarazada o una grave malformación fetal o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto”.
Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres, señaló que el fenómeno de la violencia sexual persiste y se agrava durante la emergencia sanitaria.
“Queremos decirle al Gobierno la importancia de que Ecuador asuma en hechos, no en discurso ni en palabra, el financiamiento de los servicios para victimas de violencia”.
Es importante –dijo Rosero– la formación y sensibilización de los operadores de justicia. De lo contrario –agrega– se convierten en actores de la impunidad.
“Vamos a estar vigilantes, desplegaremos los esfuerzos necesarios para que el Estado asuma el cumplimiento de sus obligaciones, que funcione el Registro Único de la Violencia, que trae la Ley”.
La relatora sobre violencia dijo en su informe que se debe asegurar el establecimiento de unidades judiciales especializadas en la violencia contra las mujeres en todo el país, incluidas las zonas remotas y rurales, y proporcionar recursos y financiación adecuados para su plena implementación.
Además recomendó garantizar un análisis cuidadoso anual de todos los casos de femicidio para detectar posibles deficiencias en la cadena de protección, con miras a mejorar y desarrollar aún más las medidas de prevención.
Soledad Angus, representante de Aborto Libre Guayaquil, recordó que los informes que emiten organismos internacionales no son optativos para el país, ya que la legislación interna obliga al Ecuador a aplicar siempre lo que mandan instancias internacionales de derechos humanos.
“Es obligatorio, cada día sin que el Estado aplique las recomendaciones son incumplimientos que pueden acarrear responsabilidades internacionales”.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
