La empresa rusa presentó este recurso el 14 de diciembre del 2018 en el centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. En esta instancia se debe establecer el tribunal internacional para tratar este pedido. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, mencionó que este proceso debe seguir su curso.
El Estado, a través de la Celec y la Procuraduría, presentarán sus pruebas de descargo en este caso. La Procuraduría informó que se contestó a la solicitud de arbitraje el 18 de enero pasado. La posición y argumentos del Estado ecuatoriano serán en beneficio de los intereses nacionales, añadió la entidad, pero no dio detalles, porque este arbitraje comercial tiene el carácter de confidencial. “Nosotros consideramos que tenemos toda la documentación y los respaldos necesarios para justificar la decisión del Estado ecuatoriano de haber dado por terminado el contrato”, expresó Pérez en una entrevista televisiva el 28 de febrero.
Además, el funcionario argumentó que el Gobierno actual hizo el esfuerzo de tratar de reiniciar la obra con la propia empresa Inter Rao, pero no se llegó a un acuerdo. La firma era la encargada de instalar los equipos electromecánicos en Toachi-Pilatón, es decir, turbinas, generadores, compuertas, válvulas y otros que se requieren para esta hidroeléctrica. Pero la contratista dejó esta obra en marzo del 2017, luego de que el Gobierno anterior terminara de manera unilateral el contrato, debido a supuestos incumplimientos que han sido desestimados, según la compañía rusa.
Este proceso incluyó la calificación de empresa incumplida en el registro de proveedores del Estado. Inter Rao informó, mediante un correo electrónico remitido a este Diario, que espera que a través del arbitraje internacional se produzca la defensa legal de sus derechos que -considera- han sido violados. Pese a esto, manifestó estar abierta a continuar el diálogo con la Celec para buscar una posible solución extrajudicial de esta controversia.
Este arbitraje es uno de los 66 casos presentados en contra del Estado hasta diciembre del 2018, según la Procuraduría. De acuerdo con información de la entidad, 20 de los 66 casos fueron interpuestos durante el 2018. Aparte de Inter Rao, constan los presentados por Juan Andrés Baquerizo Escobar, José Larrea, Daniel Penades III, FAE, Ufinet, China Railway, Consorcio Ayesa y otros.
Para reducir, en parte, el índice de conflictividad que enfrenta el Estado y buscar soluciones a las controversias internacionales presentadas por contratistas o inversionistas, la PGE informó que durante el último trimestre del 2018 lideró varios procesos de negociación que concluyeron con el retiro de “sendas” notificaciones de controversia y un arbitraje internacional.
Actualmente, los procesos que mantiene activos la Procuraduría suman en total USD 13 913,5 millones. Esta cifra se encuentra por debajo de la que manejaba la entidad hace un año. Entonces, el monto ascendía a un total de USD 14 772 millones. Pero el año anterior terminaron nueve casos; entre ellos, Repsol 3 y Ecuador TLC II.
Estos procesos representaban una cuantía de USD 1 532,5 millones en contra del país. Pero en los tribunales se resolvió que Ecuador debía pagar el 36% de este monto. Es decir, USD 553,7 millones. Así, la Procuraduría se evitó el pago de USD 978,7 millones.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
