La indagación se aperturó el 12 de julio del 2022 en contra de Lasso, Luis Lara y Patricio Carrillo, ministros de Defensa y del Interior, respectivamente. La Fiscalía actúa ante la denuncia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por el presunto delito de privación ilegal de la libertad de Leonidas Iza.
La notificación de la Fiscalía sobre la indagación ya “fue ingresada por gestión documental”, según una funcionaria de Comunicación de la Presidencia de la República. No precisó la fecha. El Ministerio de Defensa y del Interior no confirmaron si sus titularas recibieron el documento.
El 19 de julio es la fecha señalada para que Iza y el asambleísta de Pachakutik Ángel Maita, otro de los denunciantes, acudan a rendir su versión en la Fiscalía, en Quito, a las 11:00. El legislador acudirá, pero Iza aún no decide, debido a su agenda, confirmó el jurista Lenin Sarzosa, defensa del presidente de la Conaie.
Sarzosa indicó que la denuncia se presentó con base en el artículo 160 del Código Orgánico Integral penal (COIP). Esta normativa indica que el servidor público que prive ilegalmente de libertad a una persona, será sancionado con pena privativa de uno a tres años.
También indica que la privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto, será sancionado con pena de tres a cinco años.
Los argumentos de la denuncia son que no hubo una orden judicial de por medio para la detención ni existía una indagación previa en curso contra Iza; fue retenido en una base militar, un lugar que no correspondía; hubo incomunicación con familiares y abogados por más de 18 horas; y no se contó con un parte policial a tiempo.
Procedimiento jurídico
A criterio del abogado penalista Luis Muñoz, cabe que el caso contra los funcionarios continúe porque no puede ser archivado sin investigarse y porque presume que “hay elementos de responsabilidad”. Coincidió con Sarzosa al señalar que la Fiscalía emitió un comunicado el 14 de junio del 2022 donde confirmaba que no recibió el parte policial de la detención.
Interpreta que la denuncia a las autoridades gubernamentales se da por cuanto “Lasso permite, sabe o da la orden de la detención de Iza, a través de su ministro del Interior”. En la etapa actual, a Fiscalía le corresponde recibir versiones y estudiar las presuntas pruebas como las noticias criminis.
Estima que este caso puede alargarse, pero “dependerá de la Fiscalía, que es la dueña de la investigación”, al momento.
Si la Fiscalía demuestra la existencia del delito, el sujeto activo (las personas denunciadas), y la relación entre el hecho y los inculpados, solicitará fecha y hora para la formulación de cargos y de allí arrancará la etapa de instrucción fiscal, explicó el experto en derecho penal, Fausto Vásquez.
La defensa de Iza considera que la calificación de la flagrancia, por la jueza Paola Bedón, es un elemento para “esclarecer si existió o no presiones para la calificación”.
Para Vásquez es un “contrasentido” formular la denuncia por detención ilegal en contra del Lasso porque un juez “al calificar la procedencia de la flagrancia per se está reconociendo que la detención era pertinente”. Será un requisito dirimente de procedibilidad a verificarse en el caso, agregó.
Si el caso llega a la formulación de cargos en contra de Lasso, es necesaria una autorización de la Asamblea Nacional debido a la inmunidad del Mandatario. Se requerirán 92 votos, “una protección bastante alta para el enjuiciamiento penal”, según lo determina el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución, precisó el constitucionalista Ismael Quintana.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
