En NotiMundo a la Carta, Iván Granda, secretario Anticorrupción, explicó que el expresidente, Rafael Correa, justifica como "acciones de solidaridad" los aportes de empresas públicas y privadas a su movimiento, aun cuando esto sería ilegal.

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El secretario Anticorrupción, Iván Granda, presentó un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, para incorporar herramientas de especialización jurídica para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Este proyecto de ley deberá ser tratado y aprobado por la Asamblea Nacional.

Además, este paquete de reformas nace luego de que el país atravesará uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos, el caso ‘Sobornos 2012-2016’. Según Granda, lo ocurrido entre el Estado y empresas, como Odebrecht, logro “sumir al Ecuador en la mayor crisis ética, política y social de su historia”.

El Secretario explicó que el sistema de sobornos se habría institucionalizado, en el Gobierno de Rafael Correa, a través del apoderamiento de las instituciones de control administrativo y jurídico, como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

Gracias a los testimonio de las exfuncionarias, Laura Terán y Pamela Martínez, y los allanamientos a varias instituciones, subrayó Granda, la Fiscalía ha podido elaborar hipótesis y “atar cabos” sobre cómo habría funcionado este “crimen político organizado”; en el que, a través de varias empresas y personas privadas, Rafael Correa habría sido “el principal personero” de un mecanismo de aportaciones ilícitas para financiar al movimiento, Alianza País.

Además, el Secretario Anticorrupción enfatizó en que el mismo Correa ha manifestado que las aportaciones eran “acciones solidarias” en favor de su movimiento; sin embargo, “nadie puede recibir, dádivas o recursos privados que, por ley, no pueden financiar candidaturas políticas“.

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