Luego del escándalo tras la emisión irregular de carnés de discapacidad, el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) ejecutan investigaciones internas para determinar si se cometieron irregularidades.
En la Judicatura, los primeros datos muestran que 98 magistrados que operan a escala nacional tienen ese documento. Diario El Comercio cruzó información con los concursos que la entidad ejecutó entre el 2012 y el 2014 para escoger a magistrados y se ve cómo aquellos que no pudieron ser calificados en una primera ocasión, luego lo logran.
Pero para entonces ya tenían el carné. En un concurso público para ser juez, cumplir con ese requisito significa recibir dos puntos extras.
Uno de estos casos es el de una jueza de Manabí. En el 2012 participó en el concurso de méritos y oposición. Según el registro, para ese momento no tenía el documento.
Avanzó hasta la fase de oposición, pero no logró obtener una buena nota en la prueba de conocimientos y fue descalificada. Dos años después volvió a competir y esta vez sí recibió el puntaje extra por una discapacidad del 31%.
No especificó cuál era el tipo de afectación que padece. Todos los reglamentos de concursos realizados por la Judicatura en los últimos siete años recogen un artículo denominado “acciones afirmativas”.
Allí se explica que el jurista que presenta una reducción en su capacidad física, auditiva, visual, oral, etc., sin que esto le impida cumplir su labor, recibirá la calificación adicional.
Otros puntajes se dan por ser mujer o de alguna etnia. En los reglamentos se dice que la idea es “promover la igualdad real” entre los participantes.
Pero en este momento todo es analizado. La investigación está a cargo de la Dirección de Transparencia, que en un mes dará a conocer los resultados.
Si se comprueba el uso ilícito se sancionará con la destitución del servidor, con base en el artículo 109.9 del Código Orgánico de la Función Judicial.
La norma califica como “falta grave” el presentar papeles falsos en un concurso o al momento de la posesión del cargo. En el informe de la Judicatura se incluirán datos con el Ministerio de Salud, entidad a cargo de emitir el documento; con el Servicio de Aduana, para comprobar si los magistrados importaron vehículos con exoneraciones de impuestos; y, finalmente, se registrarán datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), para conocer si recibieron beneficios arancelarios como la reducción del impuesto a la renta, etc.
Del listado de jueces con carné, 26 importaron vehículos de alta gama entre el 2016 y el 2020. De hecho, el 80% importó a principios de este año.
Así constan en el portal del Servicio Nacional de Aduana (Senae). Por ejemplo, una jueza de Quito, que dice tener una discapacidad visual de 78%, importó un vehículo en 2019.
Para Vinicio Palacios, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, este caso debe ser investigado, pero aclara que “no se puede generalizar que todos hicieron mal uso”.
Según la Judicatura, en sus registros hay un juez con un 100% de discapacidad y otro que registra un 80%. Entre tanto, el presidente del Cpccs, Christian Cruz, sí se habría beneficiado con la reducción del pago de impuestos, gracias a su carné con un problema del 81%.
Así lo afirmó la consejera María Fernanda Rivadeneira, quien solicitó al SRI una certificación de los valores que el funcionario ingresó en esa institución.
Ella presentó el documento en la sesión del Cpccs, que se realizó el 15 de julio y que se suspendió luego de nueve horas. Esa plenaria se retomó ayer 22 de julio.
Diario El Comercio pidió una reacción a Cruz, pero su equipo de Comunicación dijo que daría una respuesta tras el Pleno del Cpccs, que continuaba al cierre de esta edición.
Según el informe, Cruz tuvo una rebaja especial en cuanto al impuesto ambiental a la contaminación vehicular y el impuesto anual a la propiedad de un vehículo Toyota Fortuner 4×4, denominado de alta gama.
En el 2016, por ejemplo, el impuesto a la propiedad por ese automotor ascendía a USD 1 360,64. Mientras que el impuesto ambiental era de USD 131.
Por el carné, Cruz obtuvo una reducción de USD 1 021,98 en el primero y de USD 105,07 en el segundo. El titular del Consejo de Participación registra una reducción en ambos tributos, hasta el 21 de abril del 2020.
En la mañana de ayer, el contralor, Pablo Celi, confirmó que la entidad realiza 59 auditorías a la emisión de carnés y presentó sus primeros resultados a la Comisión de Salud de la Asamblea.
El funcionario mencionó que 57 de estas auditorías se aplican al Ministerio de Salud Pública (MSP), una al Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y otra al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
