Los 20 procesados fueron sentenciados el 27 de agosto pasado, por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas. Se les impuso penas privativas de libertad de entre uno y cuatro años; también se ordenó la retención de la nave.
La embarcación fue detectada en el interior de la Reserva Marina de Galápagos, 34,5 millas náuticas al este de la isla San Cristóbal, el 13 de agosto. En su interior se halló cerca de 300 toneladas de aletas de tiburón y tiburones jóvenes. Walter Bustos, director del Parque Nacional Galápagos, se mostró satisfecho con el dictamen.
“Los océanos tienen que ser vistos no solamente como un sinónimo de pesca. Generan una economía para muchos sectores y la conservación de los recursos oceánicos es la base de la economía”, dijo a su salida de la audiencia de apelación solicitada por la defensa.
En tanto, el abogado de los sentenciados, Billy Constante, indicó que se habrían dado una serie de errores en el proceso judicial. “Errores graves como no proporcionarles un traductor adecuado”, señaló el jurista.
Pero Bustos negó esas aseveraciones y aseguró que los extranjeros tuvieron ese derecho en todo el proceso. El capitán de la tripulación fue el único a quien se le modificó la pena. En principio fue condenado a cuatro años de privación de libertad y en la audiencia de hoy, su sentencia se redujo a un año.
La mayoría de jueces también determinó que la empresa dueña del barco puede recuperarlo si paga la multa de USD 6 millones que le impuso el Gobierno por el daño ambiental causado. Antes esto, Bustos dijo que hubo un voto salvado de uno de los magistrados y el Parque revisará esa resolución.
“Vamos a necesitar tener los documentos de la sentencia definitiva por escrito para poder analizar el alcance que tiene”, acotó. Constante informó que van a presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia para que la sentencia pase nuevamente a revisión.
Fuente: El Comercio
