La diligencia se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia, con la participación del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien se opuso parcialmente al pedido de la defensa de los acusados.
Respecto a William P., quien se encuentra prófugo, la jueza fijó la caución pecuniaria en USD 300.000, con un plazo de 48 horas para consignar el dinero.
Sobre la exministra María de los Ángeles D., Camacho señaló que no cabe el retiro del dispositivo electrónico de vigilancia, toda vez que el certificado presentado por una presunta afectación no ha sido avalado por el sistema público de salud.
Sin embargo, determinó que Fiscalía le practique un examen médico-legal, con el objetivo de determinar si hay algún riesgo para su salud y si dicho dispositivo puede ser colocado en otra parte del cuerpo.
En cuanto al pedido de Pamela M., la jueza manifestó que no existe objeción en cuanto a la solicitud de cambiar las presentaciones periódicas de la procesada, de Quito a Guayaquil.
Y para el caso de Yamil M., la magistrada accedió a sustituir la prisión preventiva por presentaciones periódicas semanales (dos cada semana), prohibición de salida del país y uso del dispositivo electrónico de vigilancia.
Los cuatro procesados son parte de los 21 llamados a juicio por su presunta participación en el delito de cohecho, dentro de la trama de corrupción en la que empresarios o intermediarios habrían entregado dinero –ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.
Fuente: El Telégrafo, nota original: LINK
