Tras varios días de análisis de las pruebas de cargo y descargo presentadas en el organismo legislativo y con un amplio debate, los asambleístas determinaron que “no hay elementos de convicción para el juicio político” por lo que resolvieron archivar el pedido de un grupo de legisladores de oposición.
La propuesta de archivo fue planteada por el asambleísta Víctor Medina, y aseguró que la decisión tomada ha sido seria y responsable. “No estamos para complacer a nadie, sino para hacer cumplir la Constitución y la ley”, sostuvo.
Uno de los argumentos que los llevó a archivar el pedido de juicio político fue que los asambleístas que pidieron el proceso no presentaron pruebas suficientes que determinen la culpabilidad del ministro Espinosa.
En un comunicado de prensa el ministro Espinosa precisó que la decisión de la Comisión de Fiscalización “corrobora formalmente que el pedido de juicio fue improcedente y no tenía fundamento alguno, tal como se demostró en la presentación de pruebas de descargo”.
En el informe final la comisión de Fiscalización también solicitó a la Contraloría General del Estado que se realice un “Examen Especial de Auditoría a las Entidades Públicas del Estado, en especial al Ministerio de Educación, sobre el aseguramiento de bienes bajo la responsabilidad de las máximas autoridades”.
De acuerdo al comunicado, esa cartera de Estado “proveerá la información requerida en evidencia del cumplimiento cabal de la normativa sobre protección de bienes”.
El informe será remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
