El conjunto de reformas –alrededor de 35- se refieren a temas como la proporcionalidad de las penas, racionalizar el uso de la prisión preventiva, incorporación de los servicios previos al juicio, procedimiento directo, la posesión o tenencia no punible del cannabis para fines terapéuticos.
Constan también aspectos que buscan el equilibrio entre el derecho a la protesta y resistencia frente a los delitos de sabotaje, ataque y resistencia y paralización de un servicio público, sobre la asociación ilícita, la comparecencia adecuada de la defensa pública.
El CAL dispuso a la mesa legislativa que analice la propuesta de la Defensoría Pública y unifique con los proyectos que sobre la misma materia está tratando y prepare un solo articulado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
En la exposición de motivos, la Defensoría considera que en la legislación penal existen penas desproporcionadas, además se fomenta el abuso de la prisión preventiva y se exacerban figuras delictivas que se contradicen con el Estado de derechos. En este contexto, la iniciativa busca, en alguna medida, constitucionalizar el Derecho Penal y mitigar los efectos del poder punitivo.
Asimismo, pone de manifiesto que a dos años de vigencia del Código Orgánico Integral Penal se puede establecer un balance preliminar sobre su efectividad en términos de derechos humanos, a partir de evidencias cualitativas (casos) y cuantitativas (cifras) que se han observado en el trabajo diario de la Defensoría Pública.
