Será la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Cámara la que iniciará «de forma inmediata» la investigación sobre las informaciones reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Según un comunicado de la Asamblea Nacional, esas informaciones señalan «la existencia de compañías ‘off shore’ constituidas a través de la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales, en las que habrían participado personas naturales y jurídicas ecuatorianas».
«En su competencia fiscalizadora, la Asamblea Nacional decidió iniciar la investigación respectiva. Es absolutamente necesario transparentar toda la información alrededor de este caso», aseguró la titular del legislativo, Gabriela Rivadeneira, según la nota.
La comisión pedirá «a todos los organismos de control que considere pertinentes» que «entreguen la información correspondiente», agregó la Asamblea.
Entre esos organismos están el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Según el Parlamento, los resultados de la investigación se deberán comunicar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la cámara.
El CAL «considera necesario que el Estado ecuatoriano, a través de los organismos de control pertinentes, llegue a determinar si la constitución de esas compañías se realizó con la finalidad de evadir impuestos, con el consiguiente perjuicio al fisco o de cometer delitos», señaló la fuente.
La investigación fue anunciada después de que el viernes, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expusiera en Twitter la necesidad de difundir «toda» la información de este caso relacionada con Ecuador a fin de conocer «quién es quién».
«Esto huele muy mal», escribió Correa en su cuenta de Twitter, en referencia a un artículo publicado por el diario público El Telégrafo titulado «Director del centro ICIJ asegura que no revelarán todos los ‘Panamá Papers'».
«Trataron de hacerle daño a los gobiernos progresistas y no encontraron nada. Ahora protegen a los verdaderos corruptos», dijo el gobernante.
El mandatario había indicado con anterioridad que se revisará «hasta el último» de los 10,5 millones de datos filtrados en los denominados papeles de Panamá, a fin de conocer quiénes tienen fideicomisos en ese país y quiénes han empleado mecanismos de ese tipo «para evadir impuestos».
En informaciones difundidas por medios de Ecuador sobre el caso de filtración masiva de documentos de la firma Mossack Fonseca, especializada en la gestión de capitales en paraísos fiscales, se menciona al expresidente del Banco Central Pedro Delgado, primo de Correa, y al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.
Chiriboga ha negado tener cuentas en Panamá y ha dicho que solicitará a la Contraloría General del Estado y al Servicio de Rentas Internas que investiguen sus declaraciones de bienes y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
