El documento, de 70 fojas, que fue aprobado la madrugada de este viernes con el voto de seis de los siete integrantes será analizado por el pleno del legislativo y luego enviado a la Fiscalía del Estado, dijo Cabezas.
“Este será un insumo más para la Fiscalía”, manifestó de su lado Patricia Ochoa, viuda de Gabela, mientras que Litardo aseguró que estarán atentos al avance del caso en el ámbito judicial. Entre las conclusiones del informe se destaca que la muerte del excomandante fue “crimen de Estado”, perpetrado por la delincuencia organizada, sin embargo las autoridades judiciales deberán determinarlo.
El documento menciona una lista de más de 69 funcionarios, entre ellos el expresidente Rafael Correa, así como asambleístas que habrían entorpecido la investigación. El documento recomienda a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a la Fiscalía y a la Contraloría que investigue a este grupo y a sus familiares para comprobar su patrimonio, movimientos financieros y responsabilidades.
En la lectura del documento se detalló lo ocurrido durante la contratación de siete helicópteros Dhruv y cuando se produjeron los accidentes de tres de estos. También se indicó que el objetivo de este informe es sintetizar la investigación del asesinato del general, que quedó compilada en 59 páginas.
Los legisladores concuerdan en que el Comité Interinstitucional, que se creó en el Gobierno anterior para analizar el asesinato de Gabela, no fue independiente e imparcial.
“Su funcionamiento fue informal y bajo secretismo”, dice el informe. También se abordan las responsabilidades del excontralor y exfiscal, Carlos Pólit y Galo Chiriboga, respectivamente. El primero, debido a que los exámenes especiales adolecen de precisión y resultados. El segundo, por no investigar parte del caso.
También en la nómina destacan altos mandos militares como Alonso Espinoza, Rodrigo Bohórquez y Ernesto González, así como representantes de empresas dedicadas a la venta de armamento. El informe insta a la Fiscalía a investigar a los responsables por la pérdida de un “tercer informe pericial”, con lo cual se determinará si es necesario tener uno nuevo para dar con los responsables.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
