La resolución fue adoptada por la jueza nacional, Daniella Camacho, ante un pedido de cinco de los 26 procesados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
El expresidente Rafael C.; el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M.; la exministra María de los Ángeles D.; la exgobernadora del Guayas y actual asambleísta Viviana B.; y, el empresario William P. C., fueron los que pidieron diferimiento a través de sus abogados.
La magistrada advirtió que en el caso de que alguno de los abogados no pueda presentarse a la audiencia, se le asignará al procesado un representante de la Defensoría Pública.
El martes 2 de octubre de 2019 la jueza Camacho declaró concluida la instrucción fiscal de la causa y dejó inicialmente para el 8 de octubre la realización de la audiencia.
Según las investigaciones de la Fiscalía, entre el 2012 y 2016, empresas que tenían contratos con el Estado supuestamente entregaron aportes económicos al Movimiento Alianza PAIS, en el anterior gobierno, a cambio de asegurarse contratos en varios proyectos.
En la audiencia del 17 de octubre, la fiscal general Diana Salazar debe exponer los resultados de la investigación y emitir su dictamen sobre las 26 personas vinculadas en este proceso legal.
Los procesados por esta causa son: Pamela M., Laura T., Alexis M., María de Los Ángeles D., Rafael C., Jorge G., Walter S., Vinicio A., Yamil M., Viviana B., Christian V., María Augusta E., Francisco N. Además, Ítalo C., Alberto H., Víctor F., Ramiro G., Édgar S., Pedro V., Bolívar S., William P. C., Rafael C., Cai R., Teodoro C., José V., y Mateo Ch. De los 26 procesados, hasta el momento la jueza ha dictado orden de prisión contra nueve: Pamela M., Laura T., Jorge G., Rafael C., Vinicio A., Walter S., Yamil M., William Ph. y Mateo Ch. De estos solo tres están detenidos: Pamela M., Laura T. y Jorge G.
Los otros seis se encuentran en calidad de prófugos. Para el penalista Marcelo Dueñas, la condición de prófugos no impide que estos sean procesados. “Pero primero hay que ver si Fiscalía los acusa o no”.
El abogado de Walter S., Jorge Luis Ortega, confirmó que su cliente no vendrá al país para presentarse en el proceso legal, porque no confía en la justicia. Carlos Cadena, abogado de William P. C., ratificó que su defendido también ha decidido no presentarse ante la justicia porque “no hay las garantías necesarias”.
Fuente: El Telégrafo, nota original: LINK
