La elección de los miembros de la comisión fue el primer paso de un engorroso proceso que definirá si la mandataria será sometida a un juicio con miras a su destitución por irregularidades contables en las que el Gobierno supuestamente incurrió en sus balances de 2014 y 2015.
Las formaciones con mayor participación en la comisión serán el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer -primero en la línea sucesoria en caso de una destitución- y que alberga alas disidentes que apoyan el juicio político.
Cada una de esas formaciones tiene ocho miembros en la comisión, dos más que el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), mientras que los otros 20 partidos representados contarán con hasta cuatro diputados.
La elección de los miembros de la comisión se dio en medio de un constante alboroto, con la bancada opositora entonando «Fuera Dilma» y el oficialismo respondiendo «golpistas».
El anuncio de la elección de la comisión, hecho por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien responde ante el Tribunal Supremo a un proceso por presunta corrupción vinculada a la estatal Petrobras, fue festejado por los opositores, que entonaron el himno nacional entre las protestas de los legisladores del oficialismo.
La comisión ahora deberá elegir a su directiva y al diputado que actuará como instructor y notificar oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones para presentar su defensa.
Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará sobre el informe que preparará el diputado instructor del caso.
Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada, de al menos dos tercios (342 votos).
Si los diputados deciden proseguir con el proceso, la palabra la tendrá al pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.
En ese último caso, la mandataria deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegara a la destitución.
El proceso inició en diciembre pasado, pero fue interrumpido por una decisión de la Corte Suprema, que identificó «errores de procedimiento» en la elección de los miembros de la comisión especial designada nuevamente hoy en la Cámara baja.
El Supremo esclareció el trámite este miércoles y hoy, al calor de la profunda y creciente crisis política que mantiene acorralada a Rousseff, la Cámara baja decidió retomar de inmediato el trámite para un eventual juicio político.
