La Corte Constitucional concluyó que el CPCCS, como institución, ha incumplido el dictamen interpretativo de 2019 que prohibía la revisión de las decisiones del Consejo Transitorio. Por esa razón, Quintana explicó que se esperaba que una de las resoluciones de la CC, sea la sanción contra los consejeros que operaron en mayoría.
“Sorpresivamente, cuando se tiene que imponer las sanciones, la Corte dice por ahora solo voy a destituir a Alembert Vera y a su asesor jurídico, pero a los otros consejeros que incurrieron en idéntica conducta que Vera, los voy a mantener en el cargo”, cuestionó Quintana.
.@ismaelquintanag: «A mi modo de ver, más que evadir es una renuncia implícita al ejercicio de una competencia que, en este caso, tenía que haberse ejercido sobre Vera, los otros tres consejeros y el juez Quimis de Montecristi».
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— NotiMundo (@notimundoec) October 12, 2023
Eso, explicó, desde el punto de vista jurídico, produce un vicio motivacional. Es decir, la Corte incurre en un “vicio de inmotivación por esta incoherencia”, dijo y agregó que la decisión de la Corte no es sostenible.
Además, lamentó que la Corte haya renunciado implícitamente a ejercer la competencia constitucional y legal de sancionar con la destitución a los funcionarios omisos en el cumplimiento de sus propias decisiones.
Además, Quintana indicó que el mensaje que la CC da con esta decisión a cualquier funcionario público es que se puede pasar por encima de cualquier sentencia, dictamen o fallo constitucional que la Corte, dependiendo del vaivén de la política, juzgará si es conveniente o no la destitución. “A mi modo de ver, más que evadir es una renuncia implícita al ejercicio de una competencia que, en este caso, tenía que haberse ejercido sobre Vera y los otros tres consejeros y el juez Quimis de Montecristi”, explicó.
Agregó que los jueces de la CC ni si quiera dispusieron el envío del expediente a la Fiscalía General del Estado lo cual se configura en una “actitud delictiva por un incumplimiento de orden legítima de autoridad competente que debió enviarse para que se investigue”.
Para Quintana esta resolución responde a una presión política de la Corte por el momento en el que esta se da. En este sentido, se refirió a un cálculo político más que jurídico en el que los jueces revisaron más que la Constitución, las encuestas para ver como avanza el proceso electoral del domingo 15 de octubre.
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