La plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores acudieron hoy al Consejo Permanente de la OEA en una movilización sin precedentes para pedir a los Estados fondos inmediatos y un presupuesto estable a largo plazo ante una «crisis extrema» que podría obligar al despido del 40 % de su personal y la suspensión de funciones clave.
Sin embargo, encontraron que países de gran peso en el sistema interamericano como México, Chile y Argentina cuestionaron su imparcialidad, transparencia y eficacia, propusieron un «debate profundo» sobre su funcionamiento y hasta llamaron a preguntarse si la falta de fondos no responde a la desconfianza de los Estados.
«Habrá que descifrar qué quieren decir esos mensajes, porque lo que no quisiéramos es que, por la puerta de atrás, se generara una condición de debilitamiento de la Comisión», dijo a los periodistas el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en los pasillos de la OEA tras el Consejo.
«Siempre está en el ánimo de la Comisión fortalecer su trabajo, lo que no quisiéramos es que esto fuera un mecanismo de amenaza de que viene un proceso de ajuste o de otra vez abrir por la puerta de atrás una discusión sobre las atribuciones de la Comisión», agregó.
El embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, fue el que mantuvo una posición más dura con la CIDH, llegando incluso a sugerir su cambio de sede de Washington a San José (Costa Rica) para ahorrar costos, ya que allí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
«Hay que preguntarse por qué (la CIDH) ha venido recibiendo menos y menos fondos, porque algunos han dudado de la eficacia o eficiencia del sistema, y hay que tomar medidas correctivas. Tiene que haber mayor transparencia en el manejo de recursos financieros y un ejercicio de autocrítica», afirmó.
«Se debe combatir toda imagen correcta o incorrecta de parcialidad o imparcialidad de los casos. Mejorar la imagen pública (de la CIDH) redundará en apoyo económico. (…) En la próxima Asamblea General (de junio) quizás podamos discutir el poner al día el sistema interamericano, veo muchos retrasos que debemos corregir», añadió.
Álvarez Icaza, también mexicano, confesó a la prensa haber quedado «preocupado por este llamado de México, porque pareciera querer reabrir por la puerta de atrás una discusión que claramente ha quedado superada» sobre las atribuciones de la CIDH.
México, Argentina y Chile defendieron que la crisis de la Comisión no es financiera sino política, ante lo que Álvarez Icaza quiso dejar claro que «la primera reforma necesaria es la financiera y no un proceso que pudiera traer por detrás una amenaza velada».
El representante alterno de Argentina, Julio César Ayala, dijo «coincidir» con el embajador mexicano en que hay que preguntarse «por qué los aportes se han venido reduciendo» y pidió a la CIDH «eliminar cualquier aspecto que no contribuya a la óptima imagen pública del sistema».
«Tiene que haber enfoques equilibrados, desideologizados. (…) Debe haber transparencia, universalidad», apuntó.
El embajador de Chile ante la OEA, Juan Pablo Lira Bianchi, se pronunció en el mismo sentido: «Hemos oído críticas sobre la CIDH, particularmente en lo que tiene que ver con equidistancia y ecuanimidad, pero indudablemente, entre que exista y que no exista, mi país está por su existencia».
Por su parte, el embajador de Guatemala, Luis Raúl Estévez López, pidió presupuestos más detallados para que los Estados se puedan «sentir más con el deseo de apoyar conociendo qué es lo que van a hacer con todo esto».
Este tipo de críticas y las propuestas de que abandone su sede histórica de Washington (desde su creación en 1959) habían provenido hasta ahora de los países de la Alianza Bolivariana, sobre todo Venezuela y Ecuador, que cuestionan tanto a la Comisión como a la propia OEA por un supuesto sesgo a favor de una visión estadounidense.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, propuso al final de la sesión que la CIDH y la CorteIDH presenten en la Asamblea General de Santo Domingo (13-15 de junio) una propuesta de fondo directo de los Estados miembros para garantizar su autonomía financiera e independencia.
Tanto Álvarez Icaza como el presidente de la CIDH, James Cavallaro, recibieron de buen grado este emplazamiento y conservan el optimismo de que lograrán superar la crisis. «Si no fuera optimista, no trabajaría en derechos humanos», se despidió Cavallaro.
