Nelson Erazo señaló que era necesario que los sectores sociales y sindicales del país vuelvan a las calles para rechazar los ataques a las organizaciones sociales y sus dirigentes, y las políticas que el presidente de la República, Rafael Correa, aprovechándose de la tragedia del terremoto, ha implementado. Estas, dijo, han agudizado la crisis económica en el país y han disparado el alto costo de la vida.
“El Gobierno Nacional en su desesperación, frente a la falta de credibilidad y respaldo, comienza a perseguir al pueblo Saraguro, al pueblo de Pastaza y organizaciones como la UNE”, comentó el sindicalista, quien añadió que las acciones de protestas buscan, además, enfrentar la política antiobrera y antipopular diseñada por el Gobierno Nacional.
Asimismo, Erazo señaló que el Gobierno no ha cumplido con sus promesas de garantizar la estabilidad laboral del país, y al contrario, dijo, el desempleo ha aumentado de manera acelerada. En este sentido, detalló que en este momento hay más de 400 000 trabajadores que no tienen fuentes de empleo; y más de 160 000 han sido despedidos en el periodo enero 2015-agosto 2016. “Adicional a esto, más de cuatro millones de ecuatorianos en condición de trabajar no tienen una fuente de ingreso directa”, afirmó.
De su lado, Richard Gómez puntualizó que de acuerdo con las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo, el desempleo en Ecuador ha aumentado en 1 % en relación a 2015. Esto, comentó, ha afectado a muchos ecuatorianos, pero no en la magnitud que los partidos políticos y sectores de oposición señalan. “Ellos manejan esos datos para sus intereses”, afirmó.
Gómez dijo el Gobierno Nacional ha implementado una política laboral clara para proteger y cuidar las condiciones del empleo, y prueba de ello es que más de 300 000 nuevos empleos se han creado entre 2015 y 2016. Sin embargo, expresó que el incremento de la Población Económicamente Activa influye, también, en los índices de desempleo, y para contrarrestar esta problemática se implementó un seguro que proteja a los ciudadanos que se queden sin una fuente laboral. “Alrededor de 70 000 trabajadores se han beneficiado de este seguro”, añadió.
Mientras tanto, Pablo de la Vega subrayó que se está observado desde el Estado ecuatoriano y sus instituciones un cierto nivel de intolerancia a las organizaciones sociales y en particular contra las que disienten de la retórica oficial. “Los relatores de Naciones Unidas han recomendado que en cualquier litigio en tema de disolución las organizaciones deben acceder a un examen judicial independiente”, mencionó.
Enfatizó, además, que en Ecuador se está observando que las mismas autoridades del Ejecutivo son las que inician procesos de supervisión a las organizaciones sociales, adoptan resoluciones, sancionan, disuelven y se vuelven a pronunciar. Entonces, dijo, no hay ningún proceso que garantice independencia o imparcialidad, lo que están exigiendo las organizaciones, en este caso la Unión Nacional de Educadores. “La disolución de las organizaciones sociales pone en duda la solidez del sistema democrático. En un sistema democrático las organizaciones sociales deben tener las garantías para su plena participación”, apuntó.
