La medida está vigente desde las 00:00 de este 26 de enero del 2019, por disposición del Gobierno ecuatoriano para los migrantes que provienen de Venezuela. «No tenemos las facilidades de ciertos países para poder verificar la identidad y antecedentes que estén vinculados a posibles comisión de delitos», señaló la ministra del Interior, María Paula Romo, en días pasados.
La medida tomó por sorpresa a los viajeros. Arielis Castillo, oriunda de la ciudad de Valencia, capital del Estado Carabobo, arribó esta madrugada y se encontró con la novedad de que no podrá continuar su viaje hacia Guayaquil (Ecuador), en donde aspira a radicarse.
Dejó a sus dos hijos en su país natal, por lo que espera que se solucione pronto su situación. Historias como éstas relatan decenas de extranjeros que se han visto obligados a suspender su periplo en el lado colombianos de Rumichaca.
No hay mayor concentración de extranjeros, como sucedió en agosto del año 2018, que una marea humana se concentró en el lugar. Se calculaba que esa vez arribaron alrededor de 5 000 personas. Pero, hoy no superan los 200.
Varios aprovecharon la noche del día anterior para continuar el viaje antes de que se exija el nuevo documento. Hay casos de migrantes como el de Nubia Freile, quien viaja con su hija de dos años hacia Perú. A la mujer no le exigieron el certificado de antecedentes penales.
En el caso de las familias que viajan juntas no se les está exigiendo el certificado. Según el acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, este documento puede ser del país de origen o de la nación de residencia en los últimos cinco años.
A las 09:20, Sandra Villarreal, delegada de la Defensoría de Pueblo, de Carchi, se hizo presente para recoger información de las personas que no pueden ingresar al Ecuador.
Fuente: El Comercio – nota original: LINK
