Esta acusación la hizo el fiscal Juan Carlos Zúñiga, tras sustentar que los 18 implicados habrían configurado el delito de cohecho al recibir pagos ilegales a cambio de la entrega de contratos de Petroecuador.
Para argumentar la acusación, el Fiscal se fundamentó en 62 elementos de convicción, que los expuso durante seis horas del segundo día de audiencia que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
Carlos P.Y. está entre los acusados. Él fue gerente de Refinación de Petroecuador en el 2013. Durante su gestión suscribió 10 contratos y constituyó la empresa Capaya en el 2013. Además, abrió una cuenta en el Capital Bank de Panamá con referencias personales como gerente de Petroecuador.
Carlos P.Y. recibió transferencias de la empresa Girbra de Álex B. (también acusado) en las cuentas de Capaya. También se encontraron transferencias de otros intermediarios y de la procesada Sonia C.
Según el fiscal Zúñiga, Alex B., a través de su empresa Girbra constituida en el 2011, en Panamá habría realizado transferencias hacia las empresas constituidas por otros procesados dentro de esta causa.
“A la fecha de los hechos, los servidores públicos y contratistas se habrían asociado para beneficiarse de recursos indebidos, quienes crearon empresas off shore y aperturaron cuentas donde se captaban esos recursos», señaló Zúñiga ante la jueza Karen Matamoros.
El Fiscal también se refirió al procesado Arturo E., quien fue funcionario de Petroecuador. Él creó la empresa Escart S.A. en Panamá y aperturó una cuenta en el Capital Bank.
Zúñiga dijo que Arturo E. recibió 24 transferencias en sus cuentas hechas por la empresa Girbra de Álex B. y de las empresas de otros procesados.
Esta información fue obtenida mediante la asistencia penal de Panamá y fue presentada por la Fiscalía como sustento.
Además, se respaldó en los informes de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), donde se habrían registrado movimientos económicos injustificados y por altas sumas de dinero.
Asimismo, los informes del Servicio de Rentas Internas detallaron que los procesados habrían registrado ingresos superiores a los justificados ante la entidad.
A los 18 procesados, el fiscal acusó con base en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica en delito de cohecho y establece una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
Dato
La audiencia preparatoria de juicio se reinstalará este jueves 19 de enero, a las 08:30, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
