El funcionario guarda prisión preventiva desde el lunes 2 de octubre, luego de que el fiscal Baca lo vinculó en el caso de asociación ilícita con otras 17 personas, entre funcionarios, empresarios y Ricardo R., quienes presuntamente participaron de supuestas coimas pagadas por Odebrecht para conseguir contratos en el país.
Los datos certificados por el SRI señalan que Jorge G. ingresó al servicio público desde 2007, en el que recibió honorarios por un monto de $ 1.098; para 2016 acumuló un total de $ 72.132.
La documentación indica que en los últimos 10 años, el Segundo Mandatario pagó por concepto de Impuesto a la Renta más de $ 61.000, que se calculó de acuerdo con el sueldo mensual. Asimismo consta en el detalle que el funcionario tiene propiedades en Esmeraldas y Quito por el valor total de $ 213.807.
Sin embargo, no existe registro de que tenga nexos con grupos económicos, o que es socio o accionista de empresas como administrador de alguna. Tampoco hay indicios de que el Vicepresidente tenga representación en compañías nacionales o extranjeras, o que haya percibido dinero por dividendos; tampoco tiene vehículos a su nombre.
El detalle enviado a la Fiscalía también indica sus salidas al exterior 14 veces, el país que más visitó es Cuba (2 ocasiones), también registra salidas a China, India, Francia, España, Italia, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, Brasil y Panamá. Otro dato que analizan los fiscales es el envío al exterior de más de $ 41.565, por los cuales canceló el respectivo impuesto a la salida de capitales, aunque no son montos considerables, señalaron. Los destinos asimismo son diferentes y figuran naciones como Estados Unidos, Canadá, Bielorrusia, India y Perú.
Fuente: El Telégrafo
