Filipinas solicitó en su demanda del 2013 que se rechace la “línea de los nueve puntos” con la que Pekín sostiene sus reclamaciones sobre el 90% de las aguas, rico en recursos energéticos, minerales y pesqueros.
El dictamen de 47 páginas de Corte Permanente de Arbitraje (CPA) sostiene que las patrullas chinas pudieron chocar con los pesqueros filipinos y que sus trabajos de construcción en las islas han dañado arrecifes de coral de la zona.
Como respuesta, Wang Yi, ministerio chino de Relaciones Exteriores, señaló que el veredicto a favor de Filipinas no es reconocido por su Gobierno. En su opinión, viola los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos al Mar (Convemar o Unclos, por sus siglas en inglés).
“China ha indicado múltiples veces que la CPA” a la “que acudió de forma unilateral el (precedente) gobierno filipino, no tiene ninguna jurisdicción” sobre este asunto, según la agencia oficial Xinhua.
Por su parte, el gobierno filipino “saludó” el dictamen de la CPA, en una declaración realizada ayer en Manila por el secretario de Exteriores, Perfecto Yasay. Filipinas, que propuso compartir con China los recursos de la zona, apeló sin embargo a la “moderación”.
Además de sus recursos, el mar de China Meridional es atravesado por múltiples rutas marítimas, vitales para el comercio mundial.
“Las nueve rayas”
El diferendo gira en torno al atolón de Scarborough y a parte de las islas Spratly, un grupo de más de 750 arrecifes, islotes, atolones y cayos cuya soberanía reclaman también total o parcialmente otros países como Brunei, Malasia, Taiwán y Vietnam.
China fundamenta sus demandas en una delimitación llamada las “nueve rayas”. El Gobierno del expresidente de China, Chiang Kai-shek, adoptó por primera este reclamo en 1947 apoyándose en acartonados mapas y Mao la heredó tras imponerse en la guerra civil en 1949.
Pekín sostiene que los países vecinos respetaron la demarcación durante décadas en lo que entiende como un reconocimiento tácito de sus derechos. Pero el tribunal llegó a la “conclusión de que no hay base legal para que China reivindique derechos históricos sobre las zonas marítimas al interior de la “línea de las nueve rayas”.
Un medio oficial chino informó ayer, antes de conocerse la decisión, que Pekín “no dará ni un paso atrás”. El propio presidente Xi Jinping aseguró a comienzos de mes que su país no cedería en temas de soberanía. “Nosotros no causamos problemas, pero tampoco les tenemos miedo”.
Según el diario estadounidense Navy Times, Estados Unidos, aliado militar de Filipinas, afirma que no tomará posición en el diferendo que opone a Manila y Pekín. Sin embargo, Washington envió buques de guerra a patrullar cerca del arrecife de Scarborough y en el archipiélago de las Spratleys, reivindicado por China, con el apoyo del portaaviones USS Ronald Reagan.
China acusa a Filipinas de “encubrir” los objetivos principales de la denuncia, porque en realidad pretende establecer la soberanía sobre el territorio en disputa.
A pesar de las especulaciones hechas por medios internacionales de prensa, el Gobierno chino renunció a asumir cualquier acción agresiva en contra de Filipinas tras el anuncio, a pesar del rechazo mostrado.
No obstante, expertos plantean que la decisión podría establecer un precedente para otros países de la región que participan en la disputa con China.
Con sede en La Haya, la CPA es una organización intergubernamental que resuelve controversias surgidas de tratados y convenios internacionales, incluidas las fronteras territoriales y marítimas, derechos humanos, soberanía, inversiones extranjeras o el comercio a escala global. Nacida en 1899, durante la Primera Conferencia de Paz de La Haya, convocada por el zar Nicolás II de Rusia, es la institución más antigua consagrada a la resolución de disputas internacionales. Pero no es un tribunal en sentido estricto. No tiene jueces, sino árbitros, que se constituyen en forma de tribunal para resolver cada caso concreto. Eso, cuando falla la diplomacia y a petición de los Estados. Ahora lleva 116 casos, y en el de Filipinas contra China hay cinco árbitros. Los encabeza Thomas A. Mensah, vicepresidente de la Fundación Internacional para el Derecho del Mar y originario de Ghana.
Según el diario The Guardian, “la sentencia aumentará la presión diplomática sobre China para que reduzca su expansión militar en un área considerada sensible”.
