A pesar de que la Ley de Desarrollo Fronterizo se aprobó en mayo de 2018, los beneficios que esta acarrearía no llegan, las 10 provincias contempladas en la normativa mantienen altos índices de desempleo, pobreza y nulo desarrollo.
Por este motivo, desde el 7 de agosto de 2019, el Grupo Parlamentario Fronterizo convocó a las diferentes autoridades gubernamentales encargadas de cumplir esta ley y elaboraron un informe.
Del análisis efectuado luego de las comparecencias de autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI) y representantes de los ministerios de Finanzas, Educación, Producción, Defensa, Ambiente, Turismo, Minería, entre otros, el grupo parlamentario concluyó que la política pública del Estado en las fronteras ha sido poco planificada. Además de claras limitaciones para propiciar la articulación sectorial y coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Asimismo evidenciaron la falta del reglamento de la ley, lo que contribuyó a mantener sin cambios a los 64 cantones que se encuentran en los 40 kilómetros desde la línea de frontera y que son parte del objetivo de la normativa.
Tampoco se constituyeron los comités creados por la ley para articular y evaluar los programas, estrategias y proyectos fronterizos a ser aprobados y ejecutados por cada ministerio sectorial.
El informe anota que la Secretaría Técnica Planifica Ecuador sostiene que el tratamiento preferencial y diferenciado de los programas y proyectos de la zona fronteriza se verificará una vez publicado el Reglamento General de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, el cual todavía no existe.
Fuente: El telégrafo, nota original: LINK
