Ángel Orna, director del Colegio de Abogados de Pichincha, en entrevista en Notimundo con Patricia Terán y Freddy Paredes, confirmó que esta agremiación presentó este jueves una denuncia en contra del exministro de Hidrocarburos, Carlos P., y el exgerente de Petroecuador, Alex B., para que sean investigados por el presunto delito de lavado de activos con el objetivo que sean sancionados con una pena mayor y no puedan acogerse al sistema abreviado, que implicaría una sustancial reducción de años de cárcel.
Orna señaló, además, que la Fiscalía, entidad donde se presentó la demanda, arrinconada por la presión y denuncia de los medios de comunicación se vio obligada a establecer una instrucción fiscal, trámite que, según dijo, causó risa porque fue levantada cuando la mayoría de los acusados salieron del país.
«La Fiscalía tienen la potestad de establecer medidas cautelares, como la prohibición de salida del país», dijo el jurista, quien afirmó que en este caso de corrupción todo estaría calculado porque a los presuntos implicados se les investiga por cohecho, delito sancionado con prisión de 1 a 3 años, y por enriquecimiento ilícito, delito que tiene una pena leve.
Asimismo, Orna comentó que atrás de este propósito de establecer estos dos tipos penales por parte de la Fiscalía hay una intencionalidad y es que los acusados puedan acogerse a ciertos beneficios procesales. En este sentido, enfatizó que Álex B., Carlos P., y otros acusados deben ser implicados por lavado de activos, delito sancionado hasta con 13 años de prisión, y no podrán acogerse al sistema abreviado. «La Fiscalía debe determinar a quienes transfirieron los dineros que han sido frutos de actos de corrupción», finalizó.
